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El derecho penal internacional

abril 29, 2018

Redactado por: Salvador J. Guarecuco C.

El DPI se refiere a los delitos definidos en el derecho internacional. Se ha diseñado para prohibir cierto tipo de conductas consideradas comúnmente como graves atrocidades, y para establecer la responsabilidad penal de los autores de dichas actos, como los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio.

Teniendo en cuenta los avances logrados en los últimos diez años en materia de derecho penal internacional, éstas tres categorías de ‘crímenes atroces,’ pueden incluir la violencia sexual cometida contra civiles. Gracias a la labor de los tribunales penales internacionales especiales para Rwanda y la ex Yugoslavia, creados por el Consejo de SEl derecho penal internacional se refiere a los delitos definidos en el mismo plano del derecho positivo universal.

Además, el Estatuto de Roma de 1998, por el que se constituyó la Corte Penal Internacional permanente, considera la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado y la esterilización forzada como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad (algunos lo llaman lesa humanidad). Asimismo, reconoce como crimen de guerra el reclutamiento, el alistamiento y la utilización de niños menores de 15 años para participar en las hostilidades.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional incluye también medidas que tienen en cuenta las cuestiones de edad y de género, a fin de proteger a las víctimas y a los testigos que participan en los procesos penales ante el tribunal. Las Naciones Unidas también han apoyado la creación de cortes o tribunales “híbridos” como el Tribunal Especial para Sierra Leona y las Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya, ambos integrados por magistrados nacionales e internacionales.

Aunque son pocas las personas que han sido juzgadas y condenadas por éstos crímenes en cortes y tribunales internacionales, se han definido importantes normas que pueden servir de modelo para los sistemas nacionales.

En el caso de Venezuela, comienza a ventilarse un precedente contemporáneo, que marcará un ícono en la Jurisprudencia Mundial en cuanto a Delitos cometidos por acción directa o indirecta de personas que ostentan cargos de alto, medio o bajo rango.

Vemos con preocupación la cantidad de muertos en enfrentamiento con cuerpos de seguridad del estado Venezolano, que casi siempre terminan con un acto conclusivo distinto al de acusación, que nunca ocurrirá, porque no imputan a nadie por esos hechos, a menos que el desastre comunicacional de la escena del crimen, traiga como consecuencia forzosa, algún conejillo de indias que pague los platos rotos. Es entonces que casos como los de Policarabobo (más de 70 muertos), y aquellos procesos de juzgamientos en tribunales militares a civiles, es lo que más resaltará en los próximos días en cuanto a la activación del DPI, cuya fiscalía, ya inició con los primero tramites de investigación directa en la haya en el segundo de esos casos.

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