Macri veta ley opositora que frenaba aumento tarifario
La mayoría de los votos en apoyo de la iniciativa provinieron de senadores peronistas y partidarios de la senadora y expresidenta Cristina Fernández (2007-2015).
El presidente argentino Mauricio Macri vetó hoy la ley aprobada por la oposición en el Senado que frenaba la impopular suba de las tarifas de gas, luz y agua alegando que retrotraer el aumento habría supuesto un agujero fiscal.
El jefe de gabinete Marcos Peña dijo a periodistas que la ley aprobada en la madrugada “ya está vetada” porque “no respeta el mandato constitucional” al haber sido votada por un Parlamento que “no tiene facultades” para fijar tarifas.
La norma fue aprobada con 37 votos a favor y 30 en contra. La mayoría de los votos en apoyo de la iniciativa provinieron de senadores peronistas y partidarios de la senadora y expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), una de las mayores referentes opositoras a Macri, un conservador que asumió el poder en diciembre de 2015. El oficialismo carece de la mayoría en la cámara alta.
Peña indicó que la norma hubiera generado un agujero fiscal al Estado. “Equivale a toda la obra pública del interior del país, a todo el sistema universitario de la Argentina, a dos veces la asignación universal por hijo para proteger a los sectores más vulnerables, a todo el presupuesto de seguridad”, afirmó.
El funcionario indicó que el país afronta el desafío de adecuarse a una situación mundial compleja y que Argentina debe hacer los “esfuerzos necesarios” para acercar lo más rápido su presupuesto al equilibrio.
El oficialismo afirmó que el costo fiscal de la norma, si se hubiera aplicado, rondaría los 75.000 millones de pesos (3.000 millones de dólares).
Con el veto Macri decidió asumir un alto costo político y ante la opinión pública, que afronta subas de gas de hasta 40% que han generado descontento social y contribuyeron al incremento del alza del costo de vida en los últimos meses. El veto será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial.
La ley votada contemplaba retrotraer las tarifas a noviembre de 2017 y evitar que los aumentos para usuarios residenciales superasen el índice de variación salarial y los aplicados a pequeñas y medianas empresas el índice de precios internos al por mayor.
También obligaba a las empresas de servicios a garantizar «crédito» a favor de los usuarios si entre noviembre de 2017 hasta la promulgación de la ley hubieran abonado un monto mayor al que les correspondería.
El alza tarifaria es producto de la eliminación de millonarios subsidios que mantuvieron las tarifas congeladas durante la gestión de Fernández, especialmente en la zona metropolitana de Buenos Aires, pese a una sostenida inflación anual. Según el presidente los subsidios «no son gratis y lo pagamos todos con más inflación y deuda».
La votación se produjo a pocos días de que Argentina fuera sacudida por una crisis cambiaria durante la cual el peso sufrió una fuerte devaluación que determinó la venta de miles de millones de dólares de reservas del Banco Central y que condujo al gobierno a solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional.
En ese marco, un límite al alza tarifaría hubiera dejado de manifiesto las trabas políticas internas que afronta el gobierno a la hora de aplicar reformas económicas y hubiera ido en contra de su estrategia de lograr un crédito cuyo monto todavía no está definido.
