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Corte ratifica primer juicio por corrupción a Fernández

mayo 16, 2019

Josmary Escalona

Redactado por: Associated Press

Cristina, de 66 años, está imputada de supuestamente haber otorgado de forma discrecional obras públicas a un empresario allegado y haber recibido sobornos a cambio.


En una nueva y sorprendente resolución, la Corte Suprema argentina informó el jueves que el primer juicio por supuesta corrupción a la expresidenta Cristina Fernández comenzaría la próxima semana, tal como estaba previsto inicialmente.

El máximo tribunal dijo en un comunicado que la decisión que tomó hace dos días de pedir el expediente para evaluar los recursos interpuestos por la acusada y actual senadora “no suspende el juicio oral en trámite” ni “hubo decisión alguna” al respecto del tribunal oral que realizará el proceso.

La controvertida decisión de la Corte -expresada el martes en escueto mensaje- había disparado las especulaciones de que el juicio oral no iba a comenzar el 21 de mayo y las fuertes críticas del gobierno y de juristas. La medida se produjo a escasos días de la fecha de inicio del proceso y a pocos meses de las elecciones en las que la exmandataria (2007-2015) se perfila cada vez con más fuerza como la principal rival del presidente Mauricio Macri, que buscará la reelección.

La Corte indicó en un nuevo y extenso comunicado publicado el jueves en el Centro de Información Judicial que su polémica decisión fue “sólo a efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta a dicho tribunal, en tiempo oportuno”. Las copias fueron enviadas el jueves por la mañana.

Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal 2 -a cargo del juicio a Fernández y otra docena de imputados- había dicho a radio La Red con anterioridad a que se conociera el comunicado que “el juicio tiene fecha de inicio para el martes 21 de mayo y aún no fue suspendido”. Pero aclaró que el debate “no podría desarrollarse sin el expediente materialmente en el tribunal… sin tener devuelto el expediente por parte de la Corte”.

Fernández, de 66 años, está imputada de supuestamente haber otorgado de forma discrecional obras públicas a un empresario allegado y haber recibido sobornos a cambio. Junto a ella están procesados el empresario de la construcción Lázaro Báez, exfuncionarios y empresarios que también han presentado distintos recursos.

Por después de que se conociera el comunicado del alto tribunal el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que “es bueno que clarifique estos puntos ante la conmoción y el reclamo muy fuerte de la ciudadanía”.

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En medio del alto impacto político que tuvo la decisión judicial la víspera, oficialistas apuntaron que el máximo tribunal buscaría proteger a la principal dirigente opositora y eventual candidata presidencial en pleno año electoral. En tanto, en algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires se produjeron cacerolazos en contra de la Corte.

Varios juristas señalaron que, aunque el máximo tribunal había tomado una decisión “válida” desde el punto de vista del derecho, no era usual ya que su doctrina es no intervenir hasta que no haya una sentencia definitiva.

Pero la Corte señaló que “es habitual” y seguidamente indicó que “evitará reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que por no haber ejercido un control oportuno”, los procesos terminaron anulándose “por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento”.

Se estima que el juicio a Fernández podría extenderse por más de un año.

Fernández, quien afronta esta y otras causas por supuesta corrupción, es la líder opositora mejor posicionada en las encuestas. La senadora todavía no formalizó su candidatura, que sus allegados dan por hecho.

Fernández niega las imputaciones y se considera una perseguida en todas las causas que a su entender son instruidas por jueces sujetos a las órdenes de Macri.

La senadora había cuestionado ante la Corte que instancias judiciales inferiores le hubieran denegado medidas de prueba como la realización de un análisis de la totalidad de las 51 obras públicas que, según la imputación, habrían sido licitadas de manera incorrecta, contratadas a precios irregulares y no finalizadas. El tribunal sólo admitió el análisis sobre una pequeña porción de las obras, según la defensa de la expresidenta.

“Si se le acusa por 51 obras públicas… lo que pedimos es que esas obras vayan a un estudio pericial, es decir, que técnicos independientes verifiquen si eso es correcto. No estamos pidiendo nada extravagante”, dijo a la prensa el abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi.


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Josmary Escalona

Periodista principalmente de la fuente política que también hace diarismo, entrevistas y trabajos especiales sobre temas que la población desea conocer.