Sucesos

Expone “mala praxis” del CICPC en detención de falconianos

Los cinco hombres que la subdelegación Dabajuro del CICPC detuvo en abril en el municipio Democracia, señalándolos de traficar droga y armas, son «unos pobres obreros de campo», de acuerdo a la investigación del exparlamentario Miguel Ángel Paz quien ha pedido por escrito al Fiscal General, sobreseerlos.


Sin que les hubieran incautado siquiera un envoltorio de droga en un fundo  ubicada en Carrizalito, municipio Democracia del estado Falcón, cinco hombres se encuentran detenidos desde abril en la Comunidad Penitenciaria de Coro, acusados de tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, asociación para delinquir y tráfico de armas de guerra.

Lea también: Gandola impactó contra 15 vehículos que estaban en cola (+Fotos)

El exdiputado del antiguo Congreso y Asamblea Nacional, Miguel Ángel Paz asegura que Helimenas Antonio Chirinos (54), los hermanos José Ramón Túa Jiménez (38) y Pascual Antonio Túa Jiménez (52); Víctor César Chirinos Jiménez (34), y José Leonardo Chirinos Jiménez (55), solo son humildes trabajadores del campo, inocentes de tales delitos, según ha hecho saber al Fiscal General de la República, Tarek William Saab mediante escrito en el expone que se trató de un procedimiento e investigación cargada de irregularidades y suposiciones por parte de los funcionarios en la que lastimosamente reincidieron los fiscales, uno de los cuales fue destituido.

Parte de lo incautado por el CICPC durante el procedimiento efectuado en la propiedad el pasado 17 de abril. Foto: Cortesía Cicpc

Hubo uso desproporcionado de la fuerza pública, atropellante, vil y mala praxis de 17 funcionarios que actuaron de manera desmedida, sin elementos de convicción y sin previa investigación alguna.

Afirmó Miguel Ángel Paz respecto al procedimiento efectuado por el CICPC el miércoles 17 de abril en el sector El Tigre, parroquia Purureche, el fundo Carrizalito-La Bomba, ubicado en el municipio Democracia del estado Falcón.

CICPC los relacionó con narcotráfico  

Valga recordar que al respecto el CICPC informó haber detenido a los cinco hombres indicando estar vinculados a carteles de narcotráfico mexicanos, mencionando que durante el procedimiento incautaron armas, combustible, maquinaria y una supuesta pista clandestina, además de otros elementos de convicción.

Según Miguel Ángel Paz, el procedimiento del CICPC arranca de por sí con incongruencias toda vez que inician citando que un poblador, que en ningún momento identifican, indicó que acerca de un punto específico había hombres armados.

La policía científica insinúa por un lado que llegaron a la finca por los supuestos disparos, pero para Paz, curiosamente la comisión la integraban 17 funcionarios quienes de “manera arbitraria” detuvieron a los obreros, ninguno de los cuales tenía armas.

Se equivocaron de testigos

Los dos testigos a los que recurrió el CICPC para justificar la detención fueron Noel Antonio Portales y Miguel Jesús Jiménez Primera quienes según Miguel Ángel Paz, solían ir a la propiedad a cambiar queso por maíz o a buscar cuajo para procesar el lácteo.

Lo que pasó por alto el CICPC es que ambos ciudadanos son familiares de tres de los detenidos, por lo que están inhabilitados como testigos.

El ex parlamentario condenó que el CICPC haya pretendido con este procedimiento hacer creer que en unas instalaciones dedicadas al ordeño y venta de derivados lácteos, carne vacuna, porcina y caprina, sirven de mampara para operaciones de narcotráfico.

Los funcionarios omitieron en actas tales actividades agrícolas.

Dos de las maquinas a las que hizo alusión el CICPC en las actas y que a juicio de Miguel Ángel Paz, estaban inoperativas. Foto: Cortesía

Expone el ex parlamentario que ya el CICPC al referirse a la vivienda como una finca, es parte de las incongruencias, toda vez que se trata de una casa precaria, marginal, sin servicios básicos como agua, luz y teléfono.

Respecto a las tres máquinas o tractores: uno Ferguson y dos Caterpillar, mostrados por el CICPC como usadas para acondicionar la pista clandestina, dice que estaban inoperativas, corroídas y desprovistas de muchos repuestos.

Sobre la camioneta Toyota Pick Up, modelo 2010, placas 73LBAK, deteriorada y dos motos una año 2010 placas ABN61N y otra año 2013, sin placas, aunque deterioradas, contaban con su documentación legal.Tampoco hay delito por tenerlas.

“Se inventaron una pista”

En cuanto a la supuesta pista clandestina, Paz expone que no hubo criterios técnicos, científicos, ni siquiera empíricos para comprobarlo.

Es insensato e irrespetuoso a la inteligencia humana señalar que existe una pista solamente por subjetividad visual, sin medición fotográfica. Irresponsablemente la calificaron como pista clandestina de aterrizaje de avionetas.

Cuestionó, alegando que tampoco se practicó una experticia en el terreno que demostrase la carga o descarga de algún estupefaciente.

Sobre que el CICPC informó haber incautado cuatro pipas, cada una de 200 litros así como tres bidones de 60 litros cada, refiere que en las actas no hay experticias que indiquen si era combustible para avión.

Sobre dos neumáticos de avionetas, a juicio de Paz no son causales de imputación, tampoco la barra led de 40 pulgadas.

En relación a un radio transmisor Motorola HS 200, modelo Lam, registrado 09Alian, afirma que se trata de un aparato de vieja tecnología, en mal estado y de poco alcance, y pone en duda lo que un funcionario había alegado, de que escuchó a través de este a un interlocutor que solicitaba información sobre un próximo aterrizaje.

“No hay registros de comunicación, solo está en la mente del funcionario”, expuso.

No hay armas de guerra

Otro elemento al que hace mención Miguel Ángel Paz es a las armas incautadas en un viejo baúl. Según la cadena de custodia, son seis armas: una escopeta calibre 16 serial 100672, un rifle calibre 22, sin serial, un rifle modelo Puma, calibre 38, serial B 124201; un rifle calibre 308 marca Browning, un rifle calibre 243 marca Winchester, serial 141228; un rifle calibre 308, serial A6520533, marca Remington; en tanto que a municiones incautaron 53 calibre 308 y 39 calibre 243.

Para Paz “es risible calificar todo eso como armas de guerra”, pues a su entender, se trata de rifles manipulados y ejecutados tiro a tiro, armas de uso rudimentario, viejas y oxidadas, usadas por los campesinos para la cacería de animales salvajes como cunaguaros y zorros que azotan el ganado.

Las armas de guerra están calificadas en el mercado internacional como armas con tecnología de punta, con cargadores y cacerinas. Las incautadas por el CICPC, son modelos en desuso.

El ex parlamentario manifiesta que ninguna de las armas incautadas, califican como de guerra; a su juicio, son armas de cacería. Foto: CICPC

Fiscalía no investigó como debía

Los cinco hombres fueron detenidos el 17 de abril y la audiencia de presentación, ante el Tribunal Tercero de Control, se llevó a cabo el 20 de ese mes, imputándoles, a solicitud de la Fiscalía 21, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tráfico de armas de guerra y asociación para delinquir, delitos que ratificados en el escrito acusatorio del 4 de junio, decisión que Paz lamenta toda vez que el fiscal, que debió llevar a cabo una investigación de campo, seria y veraz, copió al carbón el acta policial.

Expediente plagado de inconsistencias

«No hay ninguna evidencia, rastros o pruebas que determinen la presencia de droga», sostuvo Miguel Paz. Foto: Gregorio González

En el escrito presentado al Fiscal General de la República, Paz expone que en las actas del CICPC hay inconsistencias, elementos falsos, improvisaciones e impericia, con premeditación, que se evidencia con la movilización de hasta 17 funcionarios armados y de varios niveles jerárquicos que ya tenían claro lo que harían.

Intuye que lo reportado por el supuesto baquiano de los tiros, es solo un pretexto policial que se cae solo, pues al momento de detener a los obreros, ninguno estaba armado.

Pero lo cumbre del caso, dice Paz, es que el CICPC usó como testigos a Noel Antonio Túa y a Miguel Jesús Jiménez, hijo legítimo el primero de Pascual Antonio Túa y sobrinos los otros de Víctor César Chirinos y Helimenas Antonio Chirinos, otros dos detenidos.

Su condición de testigos quedada anulada por los lazos de lazos de consanguinidad. Lo otro es que una máquina destartalada debido a la poca conservación y mencionada por el CICPC, no estaba en la propiedad, sino en la finca Divino Niño, distante a 35 kilómetros; no obstante, los funcionarios “la metieron en el mismo saco”.

Entre las conclusiones expuesta por Paz, está que el expediente está contaminado, contiene muchas inconsistencias e información falsa, así como manipulada; en tanto que de causas invocadas para imputar a los indiciados por parte de la fiscalía, carecen de elementos de convicción.

Los tres delitos infundados

“No hay ninguna evidencia, rastros o pruebas que determinen la presencia de droga; ninguna de las armas incautadas califican como de guerra, y no hay pruebas, antecedentes o reseñas que vinculen a los detenidos con grupos delictivos que operen en la zona o carteles de droga. Tampoco movimiento en cuentas bancarias o elementos financieros, ni siquiera cuentas bancarias, salvo uno, tienen. Pareciéramos estar en presencia de un cuerpo de investigación policial del siglo 18 y no de la era científica y tecnológica”, sugirió.

En el caso de José Leonardo Chirinos y Víctor César Chirinos, detenidos e imputados, Paz dice que sufren retraso mental, pero a pesar de hacerle los exámenes de rigor, estos aún no han sido emitidos.

En cuanto a todos los detenidos, el exparlamentario asegura que la alcaldesa Gregoria Crespo, el presidente de la junta comunal de Purureche, Antonio Sánchez, así como demás miembros de la comunidad “certifican la condición humilde y de ejemplares ciudadanos de los injustamente imputados”.

Con fundamento a esto y lo antes expuesto, Paz sugirió en su escrito al Tarek William Saab lo siguiente: “lo procedente es el sobreseimiento de la causa y ordenar la libertad de los imputados injustamente”.


Foto/Cortesía
Etiquetas
Mostrar más

Gerardo Morón Sánchez

Periodista falconiano, a cargo de la fuente de sucesos, policial y judicial, también información general. Becario de la FNPI e Integrante de la Red Iberoamericana de Periodistas. Diario Nuevo Día "Periodismo que Integra".

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba
Cerrar
Cerrar