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Inmobiliarias en Falcón, apegadas a la suspensión de alquileres

La representante de Rent-A-House Coro, Francis Medina, indicó que el instrumento decretado por el Ejecutivo es ley y por lo tanto, se debe cumplir.


El Decreto Presidencial 4.169, de fecha 23 de marzo de 2020, estableció que, motivado por el Estado de alarma sanitaria ante la COVID-19 en el país, se suspendió el pago de los cánones de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y de aquellos utilizados como vivienda principal hasta el primero de septiembre.

Ante esta medida, la representante de Rent-A-House Coro, Francis Medina, indicó que el instrumento decretado por el Ejecutivo es ley y por lo tanto, se debe cumplir.

La representante del sector inmobiliario instó en primer lugar a los arrendatarios e inquilinos a leer el decreto para tener claras las disposiciones de la Gaceta Oficial.

Medina aclaró que la ley establece la suspensión de los alquileres hasta el primero de septiembre, mas no la exoneración del mismo, tal como lo refleja el artículo 3 de la ley.

Dijo que ellos como representantes inmobiliarios buscan generar acuerdos entre las partes con un sentido común para que ninguna de las partes sea afectada, de acuerdo con el escenario.

Sostuvo que si algún inquilino se quiere acoplar a lo que dice la ley, se le respetará dando cumplimiento al Decreto Presidencial.

Comentó que muchos arrendatarios e inquilinos, para garantizar los cánones de arrendamiento, acuerdan el pago en divisas ante la inestabilidad del bolívar en la economía nacional.

El gobierno reestructuró el pago 

La representante inmobiliaria comentó que el Ejecutivo no exoneró el pago del canon de arrendamiento, sino que se debe reestructurar según lo establecido en el decreto.

“Después que finalice el tiempo de suspensión, ambas partes deben acordar para pagar la deuda, porque el gobierno no está exonerando el pago, lo está suspendiendo, es decir, si la persona no tiene para pagar porque la situación le afecta económicamente, se le da oportunidad de suspender los pagos mientras se reactivan las actividades económicas”, explicó.

Refirió Medina que algunas instituciones o empresas que están alquiladas siguen funcionando, disponiendo del capital para cancelar el alquiler y quieren cancelar, lo pueden realizar, ya la ley precisa que no se puede obligar a cancelar si la persona no tiene el recurso”, aclaró.

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Anailys Vargas

Periodista y Msc. en Gerencia de RRHH. Actualmente, editora de la versión impresa y digital del diario Nuevo Día.

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