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CPI a Trump: «es inaceptable interferir con el estado de derecho»

La Corte Penal Internacional, rechazada por el Gobierno estadounidense, se ha propuesto esclarecer si EE.UU. cometió, o no, crímenes de guerra en Afganistán


El presidente de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI), O-Gon Kwon, rechazó las sanciones dictadas por el gobierno de Estados Unidos contra los funcionarios de ese tribunal que investiguen presuntos crímenes de guerra cometidos por militares norteamericanos en Afganistán, país donde EE.UU. lleva a cabo operaciones militares desde 2001.

El alto funcionario indicó, en un comunicado difundido este jueves, que lamenta “profundamente” las medidas “sin precedentes” de Estados Unidos —que no es miembro de la Corte—, las cuales, según su opinión, socavan el «esfuerzo común para combatir la impunidad y garantizar la responsabilidad por atrocidades masivas».

En un comunicado separado,la CPI señaló que las nuevas amenazas y acciones coercitivas de Washington en su contra representan también un obstáculo para los intereses de las víctimas de crímenes atroces, “para muchas de las cuales la Corte representa la última esperanza de justicia”.

Estos ataques constituyen una escalada y un intento inaceptable de interferir con el estado de derecho y los procedimientos judiciales de la Corte.

Reza la declaración de la CPI.

Ayer, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autoriza sanciones contra funcionarios de la CPI que investiguen si EE. UU. ha cometido crímenes de guerra durante sus operaciones en Afganistán, el conflicto militar más prolongado en la historia estadounidense.

La orden autoriza bloquear los activos en EE.UU. de los empleados de la CPI y negarles la entrada al país.

La Administración Trump basó su decisión en el alegato de que la investigación de la Corte “está siendo impulsada por una organización de dudosa integridad” y acusó a Rusia de estar involucrada.

Según Washington, las acciones del tribunal constituyen un peligro para los derechos del pueblo estadounidense y la soberanía nacional de Estados Unidos.

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