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Canciller Arreaza pidió «medida humanitaria» para Alex Saab

Saab fue arrestado el pasado 13 de junio en el archipiélago africano de Cabo Verde durante una escala técnica de su avión, en una acción que Caracas califica de “arbitraria”


Venezuela pidió este miércoles una “medida humanitaria” para el colombiano Alex Saab, señalado por la oposición como “testaferro” del presidente socialista Nicolás Maduro, y quien es acusado por Estados Unidos de lavado de dinero y se encuentra detenido en Cabo Verde.

“Ante las agresiones sufridas por el enviado especial Alex Saab y el notorio deterioro de su salud, hemos solicitado reiteradamente a las instituciones correspondientes del Estado de Cabo Verde le sea concedida una medida humanitaria, que permita su detención domiciliaria”, escribió el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en Twitter.

Saab fue arrestado el pasado 13 de junio en el archipiélago africano de Cabo Verde durante una escala técnica de su avión, en una acción que Caracas califica de “arbitraria”.

“Demandamos que se permita la visita inmediata de un médico forense” a Saab, “así como de un procurador del Ministerio Público y de nuestro embajador ante Cabo Verde. Hasta ahora estas visitas no han sido autorizadas. Es una solicitud justa y procedente”, añadió el canciller.

Arreaza sostuvo, además, que denunciaron ante “la Unión Africana y el gobierno de Cabo Verde” que el empresario de 48 años ha sufrido “maltrato” y “torturas”.

El pasado 5 de agosto, un tribunal de Cabo Verde dio luz verde a la extradición de Saab hacia Estados Unidos, informó su defensa, que decidió apelar la medida.

Saab y su socio Álvaro Pulido fueron acusados en julio de 2019 en Estados Unidos de lavar dinero según un esquema de sobornos, en el cual habrían transferido 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas en el extranjero que ellos poseían o controlaban.

Washington, que encabeza la presión internacional contra Maduro, a quien tilda de “dictador”, ha impuesto sanciones contra quince empresas vinculadas a Saab, incluidas en una lista negra estadounidense como “beneficiarias”.

Si son hallados culpables, enfrentan hasta 20 años de prisión.

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