Tras la pandemia, los privados de libertad y pacientes de COVID-19 figuran entre los ciudadanos más urgidos en la defensa de sus derechos fundamentales en Venezuela
La periodista, abogada y activista de los derechos humanos, Tibisay Coscorrosa alerta que los privados de libertad y los pacientes de Covid-19, están entre los ciudadanos a los que se les ha vulnerado sus derechos humanos en Venezuela, durante la cuarentena.
Explica la experta que el acceso a la salud es uno de los derechos fundamentales, entre los principales responsables está el estado, las instituciones de salud y hasta los organismos humanos.
Sostiene que el principal paso para la justicia en caso de vulneración de derechos es la denuncia ante los organismos policiales, tales como Cicpc, policía, o la Fiscalía del Ministerio Público, o Defensoría del Pueblo.
Deploró que a raíz de la multiplicación de casos positivos de Covid-19, ocurra una estigmatización o discriminación de los pacientes, por parte de la ciudadanía y hasta de los trabajadores de la salud.
Actualmente son los más vulnerables por la pandemia, por esta razón, reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), emitió la resolución 4/20 referida a los Derechos Humanos de las Personas con Covid-19.
A través de este documento, se insta a los gobiernos a actuar para proteger las personas presumiblemente contagiadas por el virus, a las personas que están en fase pre-sintomática, sintomática, así como las personas asintomáticas, a quienes se someten a pruebas de investigación médica y a las víctimas mortales por la pandemia, así como a sus familias y o cuidadores.
Coscorrosa califica de trato cruel e inhumano el negarle atención a un paciente de COVID-19, y en el país existe la Ley contra la tortura, trato cruel y degradante.
Se refirió también a la situación de los retenes policiales en Falcón, donde a causa del retardo judicial, hay hacinamiento y enfermedades, y por consiguiente, le les vulnera los derechos humanos.
Opina que la paralización de los tribunales de juicio y ejecución atenta contra los derechos humanos de los privados de libertad.
Como vocera de los Derechos Humanos en Falcón exhorta a las autoridades gubernamentales a asegurar y supervisar la entrega de medicamentos e insumos hospitalarios, más aun cuando está activo el decreto de alarma nacional.
Para asegurar la protección de los trabajadores de la salud, deben suplir oportuna y suficientemente los implementos de bioseguridad.
