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Ley Antibloqueo busca la defensa de la soberanía

La vicepresidenta indicó que la ley comprende artículos sobre la inversión internacional productiva, con el propósito de protegerla.

Venezuela ha perdido, desde 2014, el 99% de sus ingresos, mientras que 30 mil millones de dólares se encuentran congelados en bancos internacionales, tras las criminales medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, denunció la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, durante la presentación de la Ley Antibloqueo, por videoconferencia.

En su intervención recordó que en diciembre de 2014, Congreso de Estados Unidos dictó una ley para supuestamente proteger al pueblo y la democracia venezolana, pero que se convirtió en el basamento jurídico para que consecutivas órdenes ejecutivas dictadas tanto por el expresidente Barack Obama, como por el actual mandatario estadounidense, Donald Trump, ejercieran «una forma de extorsión sobre el pueblo venezolano» con el fin de que cambiara su opinión en torno a la Revolución Bolivariana.

No obstante, el trasfondo de estas medidas es «apropiarse de las riquezas de Venezuela» y lograr el bloqueo económico, financiero y comercial, para derrocar al actual gobierno del Presidente Maduro, detalló.

En este contexto, a lo que se suma la pandemia del Covid-19, el Gobierno Bolivariano ha hecho esfuerzos para garantizar al pueblo la salud, alimentación, educación y vivienda, enfatizó.

«Hemos dado suficientes muestras de que este pueblo está decidido a defender su dignidad, su autodeterminación y a defender sus recursos», acotó.

Por ello, la semana pasada la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Ley Antibloqueo, proyecto que presentó el Presidente Maduro.

La vicepresidenta indicó que la ley comprende artículos sobre la inversión internacional productiva, con el propósito de protegerla.

Con tal fin, el presidente de la República, Nicolás Maduro, creó un centro internacional para la promoción de proyectos en el área petrolera, minería, gas, agricultura y turismo, entre otras, bajo nuevas formas de asociación, indicó Rodríguez.

Asimismo, establece «formas especiales de protección a la información», referentes a los contratos de inversión extranjera. 

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