Urge revisar las tarifas de los servicios públicos
El presidente de la Cicaf recalcó que “el sector empresarial tiene mucho tiempo reinventándose para poder sobrevivir”.
Los servicios públicos son fundamentales y desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social del mundo, y son los gobiernos los responsables de asegurar el acceso fiable y universal a dichos servicios regulados en un marco normativo que está sujeto a cambios según el contexto de cada nación.
Precisamente en esos cambios, el tema de las tarifas de cada servicio siempre genera debates, sobre todo cuando estas son incrementadas, bien sea para el área residencial o comercial, y en ello el cuestionamiento de los usuarios en cuanto a si el importe responde a los niveles de optimización, determinante clave en el curso de las actividades de diversos índole.
En el caso del sector empresarial, esa duda es uno de los puntos de discusión en los recientes encuentros sostenidos.
De allí el presidente de la Cámara Industrial, Comercial y Agrícola del estado Falcón (Cicaf), Antonio Molina aseguró que en “el empresariado nacional existe consciencia de que hay que pagar por los servicios públicos. Estos no pueden ser gratuitos porque en ningún país del mundo se pueden mantener solo con el aporte del Estado”.
Molina acentuó que en esa consciencia no puede estar desvinculada de la necesidad que vive el país porque existen realidades muy diferentes en cada sector.
“Por la pandemia, hay áreas que han sido golpeadas muy fuertes y no han tenido la posibilidad de operar con normalidad; están las otras áreas cuyos márgenes de utilidad están sumamente comprometidos y les resulta imposible sumar o descontar; las estructuras de sus costos están atadas a la legislación vigente”, subrayó.
Recalcó que el sector tiene mucho tiempo reinventándose para poder sobrevivir debido a la deficiencia de los servicios públicos y la situación económica que genera altos costos en la reposición de inventarios que, a su vez, merman el poder adquisitivo de los clientes conllevando a la disminución de las ventas.
Y desde el primer trimestre de 2020 los esfuerzos han sido intensificados cuando fue decretada la cuarentena que sumó la incertidumbre, pues los comerciantes desconocían cómo hacer para cubrir los gastos según su actividad mientras que los mismos seguían aumentado por lo que unos optaron por bajar las santamarías, ya que no veían alternativas.
“A todo lo planteado tenemos que agregarle que, de un día para otro las tarifas de los servicios fueron ajustadas de forma exorbitante sin calcular el consumo real que tienen las empresas, sino que sacan el promedio histórico de consumo que las industrias y comercios tienen desde cuando las empresas estaban al 100% de su capacidad instalada, cumplían 3 turnos de trabajo y tenían amplias nóminas”, señaló el presidente de la Cicaf.
En ese sentido insistió que, “urge una revisión de las tarifas de los servicios públicos”, porque en la actualidad las empresas no pueden pagar por un consumo que no generan.
“El sector empresarial está subsidiando los pagos que otros incumplen, como en el caso de la parte residencial. El costo de todos los servicios está siendo anclado al petro pero indirectamente a las divisas, porque ciertamente el valor de la criptomoneda está anclado al petróleo pero este está fijado a las divisas, lo que dificultad aún más los pagos, sobre todo a las pequeñas empresas”, aseveró.
El profesional en administración reiteró que la situación es un golpe frontal al empresario.
“No existe forma de cuantificar los ajustes, los incrementos van entre 1.000% y 3.000% dependiendo del servicio y el sector que opera el comerciante”, sentenció.
Molina destacó que cumpliendo con la misión y visión de la corporación bajo su responsabilidad , continuarán articulando, organizando y elevando las propuestas del sector a las instancias correspondientes.
“No estamos negados a pagar, pero debe existir igualdad de condiciones”, matizó.
