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Orlando Hidalgo: «La justicia no puede seguir paralizada»

La administración de justicia presenta afectaciones producto de la Covid-19; las restricciones implementadas han impactado negativamente en el acceso a la misma, afirma el abogado Orlando Hidalgo.


El mundo y Venezuela cumplen llevan más de un año atravesando está pandemia que ha dejado estragos a la humanidad, los gobiernos, y las principales potencias andan en una carrera por la creación y producción de vacunas y productos capaces de contrarrestar los efectos de la Covid-19.

Tal eventualidad no solo ha trastocado el sistema de salud tanto pública como privada en el mundo, sino también la economía y los sectores productivos. La administración de justicia no escapa de ello, y también presenta afectaciones producto de la Covid-19, las restricciones implementadas a nivel nacional han impactado negativamente en el acceso a la misma, y muy fundamentalmente en el derecho procesal penal y régimen penitenciario.

La paralización de las actividades ha llevado a que no se realicen actos como las audiencia preliminares y se suspendan las continuaciones de juicio, así como cualquier otro acto a excepción de las audiencia orales de presentación de imputada, bien sea por delito flagrante o a través de orden de aprehensión.

La justicia no solamente debe subsumirse a estos dos actos y la realización de alguna que otra prueba bajo la modalidad de la prueba anticipada, sino que se deben buscar mecanismos que garanticen que el sistema de justicia no colapse por un lado, y que tampoco se sigan transgrediendo derechos y garantías constitucionales.

Todo este análisis y evaluación del impacto, lo hacen el abogado penalista falconiano Orlando Hidalgo, quien además añadió que si bien los planes cayapa pudiesen ayudar un poco la situación, la forma en cómo se organizan, en cómo se llevan a cabo y el proceso casi que extorsivo de admitir o pasar a juicio conlleva a qué no se brinde una tutela judicial por parte de los Tribunales, y por el contrario terminan violentando derechos.

refiere Hidalgo que en el caso de las privativas de libertad, los imputados tienen derecho a recurrir del fallo y que por tanto al estar suspendidas las actividades y no dar despacho los tribunales se vulnera este derecho y garantía constitucional e incluso reconocida internacionalmente a través de los distintos acuerdos y tratados suscritos por la República.

De acuerdo a lo anterior, el principio de la doble instancia se ve afectado, para lo cual el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe diseñar un plan que permita el acceso de las partes y los justiciables que garantice el goce pleno y efectivo de sus derechos.

«Hay recursos de apelación que se interpusieron días antes de comenzar las restricciones producto de la pandemia el año pasado y todavía no han sido resueltos; amparos y apelaciones de amparo que no han sido remitidas a las instancias correspondientes, y eso afecta ostensiblemente a las partes y a los imputados que son los que padecen de la imposición de las medidas cautelares sobre todo de la privación Judicial de libertad», adujo.

El profesional del derecho refiere que las decisiones deben ser publicadas en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia Regiones, para que así la ciudadanía observé la motivación de las decisiones por parte de los jueces y a su vez también sirva de una herramienta tecnológica que permita incluso evitar retardos al momento de acceder al propio expediente.

Por consiguiente, hace un llamado al TSJ a tomar las medidas necesarias en virtud de poder brindar una tutela judicial efectiva a las partes en el proceso penal, y que las personas no vean con el Covid-19 el sueño eterno de sus causas sin resolver las mismas, sino que sienta el poder del Estado venezolano.

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Gerardo Morón Sánchez

Periodista falconiano, a cargo de la fuente de sucesos, policial y judicial, también información general. Becario de la FNPI e Integrante de la Red Iberoamericana de Periodistas. Diario Nuevo Día "Periodismo que Integra".

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