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Birmania regresa a clases pese a huelga de docentes y alumnos

Cientos de miles de estudiantes y profesores birmanos boicotean la reapertura de los colegios para protestar contra la junta militar y su sangrienta represión.


El personal docente, con uniformes verdes y blancos, fue uno de los primeros grupos de funcionarios en sumarse al movimiento de desobediencia civil impulsado en oposición al levantamiento militar. Muchos profesores secundaron el llamamiento a la huelga indefinida de trabajadores ferroviarios, médicos, ingenieros y obreros, que paralizan la Administración y sectores enteros de la economía desde hace casi cuatro meses.

Birmania ha estado en crisis desde el golpe de Estado del 1 de febrero que puso fin a un paréntesis democrático de diez años. Se suceden las manifestaciones y los enfrentamientos entre los militares y las milicias ciudadanas y resurge la violencia en zonas de minorías étnicas.

Las autoridades respondieron contra una brutal violencia contra la disidencia, incluido el uso letal de armas de guerra contras los manifestantes pacíficos, y la persecución de todo aquel involucrado con el movimiento de resistencia.

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Profesores amenazados y despedidos por apoyar la resistencia

La junta despidió a entre 130.000 y 150.000 profesores que entraron en la resistencia, y que representan casi un tercio del total, según datos de la Federación de Profesores en Birmania y de la prensa local. 

Más de 100 maestros han sido arrestados y acusados en virtud de una ley que prohíbe fomentar los motines o el incumplimiento del deber en las fuerzas armadas. Se han emitido ordenes de arresto contra decenas más. Pero el grupo se reafirma en su postura de no trabajar para los uniformados.

«Tienen miedo de la resistencia. Por eso tratan de amenazarnos para que volvamos a las aulas», declaró a la agencia EFE el profesor Soe Thura Kyaw, acusado de un delito de incitación y penado con hasta 3 años de cárcel, la semana pasada al portal Myanmar Now.

«No tengo miedo de que me detengan o torturen», declara a la agencia AFP la profesora de escuela primaria Shwe Nadi, quien habla desde Rangún, bajo un nombre ficticio. Nadi fue despedida por haberse sumado a la campaña de desobediencia civil contra el régimen militar, negada a «enseñar propaganda a los alumnos».

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Al menos, «mi alma permanece pura», subraya otra profesora del estado Môn (sureste), que pidió el anonimato. La joven lleva meses sin salario pero se niega a volver a dar clases después del derramamiento de sangre de las fuerzas de seguridad que han matado en los últimos meses a por lo menos 840 civiles, incluidos adolescentes y niños.

Estudiantes también participan en el boicot

Durante el pasado curso escolar, que se vio suspendido a raíz de la pandemia, se registraron más de 9 millones de niños, según datos del Ministerio de Educación del ahora derrocado Gobierno democrático. Sin embargo, para este año escolar el 90 % de los alumnos se han negado a inscribirse al sistema educativo bajo el control de la nueva junta militar, conforme a los datos de la Federación de Profesores en Birmania que publica el portal Myanmar Now.

Muchos padres temen que sus hijos sean adoctrinados. En varios colegios del país aparecieron con pintadas que llaman a la insurrección contra los militares o llamados a boicotear el sistema educativo auspiciado por el mando castrense durante las protestas masivas. «No queremos profesores que sirvan a los militares esclavistas», «no queremos traidores», se leía en el muro de un centro de secundaria en el centro de Birmania.

Algunas universidades reabrieron a principios de mayo pero las aulas permanecen vacías. «Ningún amigo mío va a clase», afirma un joven birmano en Mawlamyine (sur), escenario de una brutal represión de las fuerzas de seguridad en febrero.

«No se entristezca por no llevar a su hijo al colegio. Algunos padres no tienen hijos que inscribir» porque murieron por disparos de soldados y policías, escribieron opositores a la junta en una pancarta desplegada en la región de Bago, al noreste de Rangún. En algunas ocasiones también se colgaron uniformes manchados con pintura roja para denunciar la violencia de las fuerzas de seguridad que ha causado la muerte de al menos 840 personas, según datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que contabiliza más de 5.500 detenciones desde el sublevamiento.

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«Un acto que equivale a la destrucción del país»

«Más de 12 millones de niños y jóvenes birmanos no han tenido acceso a un aprendizaje organizado desde hace más de un año», lamentaron UNICEF, la UNESCO y la oenegé Save The Children a finales de mayo en una declaración conjunta: «La falta de acceso a una educación segura y de calidad amenaza con crear una generación entera que no tendrá la oportunidad de aprender».

El Gobierno de unidad nacional, formado por opositores al régimen que se han pasado a la clandestinidad, busca una solución. En mayo anunció que trabaja en la creación de un sistema educativo paralelo.

Frente a esta crisis, por un lado, la prensa oficial asegura que la semana de inscripción en las aulas en mayo transcurrió sin problemas. Por otro, el régimen amenaza: «Alterar la apertura de establecimientos (escolares) es un acto que equivale a la destrucción del país». 

El Ejército justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido liderado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, con el aval de los observadores internacionales.

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