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Exigen investigar vinculaciones de funcionarios con grupos armados irregulares

Ante la Fiscalía General de la República, FundaRedes exigió que se investigue la relación de altos funcionarios que han ejercido el poder.


Javier Tarazona, director general de FundaRedes; junto a Luis Useche, gerente jurídico; y Clara Ramírez, gerente de derechos humanos y documentación; consignaron escrito donde se menciona a funcionarios que han ocupado altos cargos y otros que aún están en el poder, y que tienen vínculos directos con grupos guerrilleros.

“Hoy le estamos pidiendo al Ministerio Público que se investigue la relación de Ramón Rodríguez Chacín y de Carola de Rodríguez, con los cabecillas del COCE-ELN, la participación de ellos en las casas de resguardo de la guerrilla que ya hemos denunciado hace unas semanas ante este despacho como la quinta El Vendaval, el Hato Guayabal, en el estado Barinas” precisó Tarazona.

Al respecto el vocero también indicó: “le pedimos al Ministerio Público que se informe cual es la relación que existe entre la Agropecuaria Don Pío, registro agropecuario que está a nombre de Ramón Rodríguez Chacín, y las operaciones de los grupos armados irregulares en territorio nacional”.

Así mismo Tarazona cuestionó si existe una relación entre la empresa que se denomina Blindaje seguridad y protección compañía anónima, y las armas que se han denunciado ante el Ministerio Público como desaparecidas, y a su vez vínculos con hombres armados que permanentemente custodian a los cabecillas de las FACR y el ELN en territorio venezolano.

En tal sentido, el director de FundaRedes también declaró: “hoy estamos denunciando la participación de José María Romero alias “Chema” del municipio Páez del estado Apure, en la operación de la segunda Marquetalia, y de la actuación de las FARC y del ELN en Venezuela, ya que este hombre es cabecilla de las FBL, organización guerrillera venezolana que opera ampliamente en el estado Apure y otras regiones a través de la Corriente Bolívar y Zamora.

Tarazona advirtió que se debe investigar por qué razón la alcaldía del municipio Páez en el estado Apure es utilizada como epicentro de operaciones con cabecillas del ELN y de las FARC.

En otro orden de ideas, manifestó que, frente a la retirada de alias Gabino de la comandancia del ELN hace una semana,  se debe indagar si este cambio va a limitar la operación de pistas clandestinas, laboratorios y presencia en 21 entidades del país de los grupos guerrilleros o por el contrario representa una profundización de las actividades ilícitas.

Mantienen la frontera cerrada porque es un negocio para funcionarios y guerrilleros

Por su parte Luis Useche, gerente jurídico de FundaRedes, aseguró que quienes ocupan el poder en Venezuela, mantienen la frontera cerrada porque es un lucrativo negocio para financia a los grupos armados irregulares y a funcionarios militares y policiales quienes conviven en torno a la ilegalidad de las trochas y el cobro por estos pasos entre Venezuela y Colombia.

Useche recordó que recientemente el denominado protector anunció públicamente que se iba a reabrir el paso de ciudadanos entre Venezuela y Colombia, pero luego Nicolás Maduro lo desmintió “ya que se trata de un acuerdo en el que los agentes del poder del Estado venezolano le entregan pequeños feudos a grupos irregulares para que financien sus operaciones, pero algo más grave, para que hagan crecer progresivamente sus ejércitos, sus contingentes humanos”.

Denunció que las personas que viajan del centro de Venezuela y se quedan en estos espacios fronterizos convertidos en miembros de los grupos armados irregulares, donde consiguen empleos como facilitadores del paso en las trochas que no las controla ni Colombia ni Venezuela, sino que los controlan los grupos guerrilleros tanto de origen colombiano, como los que se han formado en Venezuela, así como paramilitares y bandas criminales, demostrando una vez más la pérdida de la soberanía.

“Quien vaya a la frontera ve cómo en la parte venezolana de las trochas están los grupos armados irregulares cobrando por el paso y repartiendo las ganancias entre estas organizaciones criminales y miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales y cuerpos policiales. Hay una convivencia entre el Estado y los grupos armados irregulares que, como señores feudales, controlan esas actividades y tienen  sus ejércitos acantonados, quitándole a la población civil los pocos ingresos en divisas que tengan y encareciendo más la vida de las personas que residen en Venezuela” destacó Useche.

De esta forma, FundaRedes y su red de activistas continuará en su labor de denuncia de las vulneraciones de derechos humanos que se cometen en frontera, y la actuación desmedida de grupos armados irregulares con la complacencia del Estado venezolano. 

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Josmary Escalona

Periodista principalmente de la fuente política que también hace diarismo, entrevistas y trabajos especiales sobre temas que la población desea conocer.

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