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Castillo, en busca de consensos

El partido marxista Perú Libre que postuló a Castillo tendrá 37 legisladores de los 130 miembros de parlamento unicameral.


En su primer mensaje tras su proclamación como presidente, Castillo dijo ante cientos de sus seguidores que la Constitución estará vigente «hasta que el pueblo lo decida».

«Todo el pueblo peruano está alegre, satisfecho, porque el pueblo habló, el pueblo clamó y Castillo por fin es nuestro Presidente, se viene el cambio pueblo peruano, se viene el cambio de Constitución, no más pobres, arriba el Perú», dijo de Danny Castillo, un simpatizante de Castillo la noche del lunes.

Los mercados financieros locales reaccionaban el martes con cierto escepticismo y la moneda, el sol de Perú , se depreciaba un 0,30%, a 3,959/3,963 unidades por dólar. En tanto el referencial de la Bolsa de Lima subía un 0,27%, a 485,10 unidades, con los papeles mineros clave el alza.

El Presidente interino Francisco Sagasti quien asumió en noviembre tras la renuncia de su predecesor, entregará el poder a Castillo para un nuevo un gobierno de cinco años cuando Perú conmemore el bicentenario de su independencia.

Perú vivió una de las peores crisis políticas de su historia a fines del año pasado, con tres jefes de Estado, en una semana tras fuertes protestas que dejaron dos muertos, luego de un duro enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo.

La relación de Castillo con el nuevo Congreso -otra vez fragmentado- será clave para plasmar sus reformas. El partido marxista Perú Libre que postuló a Castillo tendrá 37 legisladores de los 130 miembros de parlamento unicameral.

La segundo bloque más fuerte en el Congreso será el partido Fuerza Popular de Fujimori con 24 asientos. Castillo tiene que negociar con las demás agrupaciones políticas de diversas ideologías, desde el centro, independientes y hasta la derecha conservadora.

Es la tercera derrota de Keiko Fujimori, tras perder los comicios del 2011 y el 2016. La política enfrenta una acusación fiscal por lavado de dinero tras recibir aportes de campaña presuntamente ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.

Por este caso, en la que la conservadora niega los cargos, la fiscalía anticorrupción ha solicitado 30 años de prisión.

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