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Relatora de la ONU | Sanciones generan impacto negativo en Venezuela

Considera que los Estados deben negociar y establecer una resolución del Consejo de Derechos Humanos con una definición de las medidas coercitivas unilaterales.


Este miércoles, la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, manifestó que las sanciones impuestas contra la administración de Nicolás Maduro han generado un gran impacto negativo en la población dado que «son contrarias al derecho internacional y viola varios principios como la soberanía”.

Douhan consideró que las sanciones sectoriales con relación al petróleo, el oro y la minería, el bloqueo económico y la congelación de los activos del Banco Central de Venezuela, han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistente e impedido que hayan más ingresos y se usen los recursos para llevar a cabo programas de apoyo social.

«Eso ha tenido un efecto devastador en toda la población de Venezuela», dijo la relatora, al tiempo que expresó que diversos socios extranjeros, bancos y empresas se han mostrado reacios para realizar negocios con Venezuela por miedo a las sanciones.

También apuntó que estás medidas han llevado a que sea imposible comprar equipos vitales para atender al covid-19, así como la imposibilidad de garantizar servicios de gas, electricidad, agua, salud y sistemas de telecomunicaciones, socavando el disfrute de los Derechos Humanos.

«El salario promedio del sector público cubre menos del 2% de la cesta de alimentos básicos, lo que hace que la gente sea dependiente de la ayuda social o los lleva a abandonar el país», expuso Douhan.

Agregó que la falta de medicamentos y de personal médico han llevado a la violación de derecho a la salud, además «hay un aumento en la tasa de mortalidad materna e infantil, hay mortalidad por enfermedades graves y por el empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo, y hay brotes de enfermedades que se pueden prevenir y que se pueden tratar como la malaria, el sarampión y la fiebre amarilla «.

«No se pueden aplicar sanciones, sin que se pueda apelar a un órgano independiente e imparcial», acotó.

Considera que los Estados deben negociar y establecer una resolución del Consejo de Derechos Humanos con una definición de las medidas coercitivas unilaterales para prevenir cualquier interpretación demasiado amplia y un uso indebido de los términos.

En ese sentido, instó a los Estados a organizar una conferencia multidimensional para identificar la terminología apropiada.

«Se debería utilizar los sistemas unidos internacionales así como los organismos internacionales judiciales y los órganos que protejan los Derechos Humanos», propuso.

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