Opinión

Las concesiones, el pernicioso negocio de Guyana

A juicio de Jesús Ollarves, «Guyana es, en realidad, un Estado canalla (rouge state), que desconoce el acuerdo de Ginebra de 1966».


La disputa por el Esequibo ha estado signada por los intereses económicos sobre los inmensos recursos naturales de esa extensión de 159.500 km2, que legítimamente Venezuela reclama como suya.

Están en juego cuatro recursos naturales estratégicos: hidrocarburos, minerales, agua, y biodiversidad. En ese juego no solo intervienen Venezuela y Guyana, sino, de manera determinante, los países más poderosos del mundo, que, por la vía de las hechos, han impuesto las reglas.

En la última década, Guyana le ha concedido a empresas transnacionales extensas áreas para explotar hidrocarburos, oro, diamantes, además de minerales radioactivos como uranio, thorio, estroncio. También ha autorizado estudios para construir represas hidroeléctricas sobre los ríos Cuyuní y Mazaruni. Y, por si fuera poco, ha dado luz verde a la explotación de madera, con lo cual muchas áreas boscosas están afectadas. Los principales beneficiarios han sido empresas transnacionales de Estados Unidos, China, Reino Unido y Canadá.

En 2000, el Servicio Geológico de Estados Unidos había considerado a la cuenca petrolera Guyana como “la segunda con mayor potencial de las hasta entonces no exploradas en el mundo”, con una estimación máxima de hasta 32.400 millones de barriles extraíbles.

En 2009 la compañía Shell (Holanda) anunció que adquirió 25% en la licencia del bloque Stabroek para expandir sus operaciones en América Latina, mientras que la Exxon (Canadá) adquirió 75% en el mismo bloque. El bloque Roraima fue entregado en junio de 2012 a la trasnacional petrolera Anadarko (Estados Unidos), pero su concesión se había mantenido en secreto porque está ubicada frente a la fachada atlántica del estado Delta Amacuro, territorio incontrovertiblemente venezolano. Y en 2015 otorgó permisos de explotación de oro a la trasnacional canadiense Guyana Goldfield INC.

La política guyanesa de fomento del extractivismo en perjuicio del medio ambiente incluye  la entrega por parte de ExxonMobil, de 18.000.000 de dólares para el pago de honorarios a los abogados que defienden la usurpación del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia.

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La controversia territorial entre Venezuela y Guyana no sólo supone la reclamación del territorio terrestre. El conflicto se profundiza porque Guyana se empeña es expoliar los recursos petroleros en el océano Atlántico por la proyección marítima del litoral de la Zona en Reclamación, en donde, desde hace una década, importantes compañías petroleras transnacionales han iniciado a una campaña prospectiva sin el consentimiento de Venezuela. Entre ellas destacan: ExxonMobil, CNOOC, Total, Eco Atlantic, Repsol, Tullow y Anadarko.

El otorgamiento de concesiones en el Esequibo es de vieja data. La primera concesión en el territorio Esequibo la otorgó el gobierno británico el 24 de mayo de 1965, confiriéndole permiso a la empresa canadiense Phoenix Canadá Oil Co. para realizar explotaciones petroleras en el Distrito de Rupununi.

Despu[es de que la Guayana Británica se independizara, el 26 de mayo de 1966, la política de concesiones ha sido constante en la estrategia guyanesa para reafirmar sus pretensiones de sacar el mejor provecho posible del subsuelo, los bosques y las fuentes de agua del Esequibo. Los Gobiernos posteriores a Linden Burham, hasta el presidente  David Granger, han continuado con la política de otorgamiento de concesiones, especialmente a empresas con capital extranjero de origen asiático, estadounidense, canadiense y británico.

Ante la comunidad internacional, Guyana se presenta como una víctima. Pero la política sostenida de concesiones la convierten en victimario, en un contumaz violador del derecho al medio ambiente sano; un asunto que interesa a la humanidad y, repetimos, no solo a los dos países que se disputan el Esequibo y a los que se han lucrado con la controversia.

Con la participación cómplice de empresas estadounidenses, canadienses, británicas y chinas, Guyana pretende el poblamiento de la Zona en Reclamación, y con ello compromete a terceros Estados en la controversia territorial.

Guyana no respeta las normas del Derecho Internacional: las invoca en su beneficio ante la Corte Internacional de Justicia, pero pretende ignorarlas mediante la violación del Derecho del Mar en la fachada marítima de la Zona en Reclamación.

Guyana es, en realidad, un Estado canalla (rouge state), que desconoce el acuerdo de Ginebra de 1966, el cual establece que ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este acuerdo constituirá fundamento para para crear derechos de soberanía en el Esequibo.

Guyana y sus cómplices transnacionales son responsables por los daños que el otorgamiento de concesiones puedan causar, directa o indirectamente, a los delicados ecosistemas del territorio Esequibo y la fachada Atlántica.

Aunque el otorgamiento de concesiones no tiene efecto alguno sobre los títulos y derechos de Venezuela sobre el Esequibo y sus áreas marinas y submarinas, Guyana y sus aliados económicos avanzan con este tipo de perniciosos negocios.

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Anailys Vargas

Periodista y Msc. en Gerencia de RRHH. Actualmente, editora de la versión impresa y digital del diario Nuevo Día.

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