Es necesario identificar si hubo o no hubo ejecución. Si cada ejecución es un hecho aislado o forma parte de una política de Estado, alerta Provea y Centro Gumilla.
“Pareciera que ser joven, varón, de origen popular es equivalente a delincuente”, alerta y analiza el padre Alfredo Infante, sacerdote jesuíta, del Centro Gumilla, en rueda de prensa, conjunta con la organización Provea, en respuesta a la demanda interpuesta contra él y Marino Alvarado por parte del gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.
Aclara que el informe de estas dos organizaciones en cuanto a ejecuciones por parte de cuerpos policiales no se circunscribe al estado Carabobo, sino que es un informe nacional.
La exigencia de los representantes de ambas organizaciones es abrir una investigación formal hacia Lacava por la presunta responsabilidad en las 221 denuncias de ejecuciones extrajudiciales a manos de funcionarios policiales en Carabobo.
Alfredo Infante, director de Derechos Humanos del Centro Gumilla, considera que la respuesta adecuada de cualquier gobernante es proceder a abrir cualquier investigación y garantizar en su territorio el derecho a la vida y proceder a la formación de su personal policial: “Estamos abiertos al diálogo”.
“Mientras exista amenaza a la vida de los más vulnerables la iglesia mantendrá su voz y acción en favor de las víctimas, para restablecer el estado de derecho. Nuestro informe no es contra una persona, es a favor de la vida”, subraya Infante.
Le recomienda al gobernador Lacava presionar a la Fiscalía para que abra las investigaciones sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Es la primera vez que en los tres años de Informe por la vida que se toma una iniciativa de esta naturaleza, advierte Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de PROVEA, quien ratifica que este es un informe para denunciar las ejecuciones extrajudiciales en el país.
Propone al gobernador de Carabobo conformar una comisión para analizar las presuntas ejecuciones hechas en 2021 en esa entidad. “La responsabilidad de todo gobernador donde aparezca señalada su policía de ser presuntamente responsable de haber privado arbitrariamente la vida de las personas es facilitar las investigaciones, y esa es responsabilidad del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo”, señala Alvarado.
Exhorta a Lacava a que en “lugar de criminalizar el trabajo que hacen las organizaciones de Derechos humanos, abra los espacios para que pueda avanzar el país y particularmente en Carabobo conocer qué es lo que ha pasado, conocer quiénes son los presuntos responsables”.
“Nuestro deber, y no vamos a renunciar a ese deber, es velar por la defensa de los Derechos humanos”, recalca Alvarado.
Con información de: https://www.youtube.com/watch?v=tubJNrRnR_U
