Estados Unidos profundizó su estrategia de flexibilización gradual hacia el sector petrolero venezolano con la publicación de la Licencia General 52 (GL52), emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Se trata del instrumento de mayor alcance otorgado hasta ahora para permitir operaciones con Petróleos de Venezuela (PDVSA bajo supervisión del Tesoro, pero sin modificar la arquitectura general de sanciones vigente desde 2019.
La licencia autoriza a entidades estadounidenses establecidas antes del 29 de enero de 2025 a realizar “todas las transacciones prohibidas por la Orden Ejecutiva 13884 o 13850” relacionadas con Pdvsa y sus filiales, siempre que los contratos estén regidos por leyes estadounidenses y que los pagos a personas bloqueadas se canalicen a los Foreign Government Deposit Funds. También permite transacciones con el Gobierno de Venezuela cuando sean necesarias para ejecutar esas actividades.
El constitucionalista y exprocurador del interinato José Ignacio Hernández calificó la medida como “la licencia más importante jamás otorgada”, destacando que la GL52 “aclara políticas pendientes y redefine el marco regulatorio del sector de hidrocarburos”.
Levantamiento parcial con límites claros
Aunque la GL52 amplía de forma inédita el margen operativo para empresas estadounidenses, no supone un levantamiento general de sanciones ni un cambio de rumbo.
OFAC mantiene prohibiciones esenciales: no permite transacciones con individuos o entidades en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), salvo Pdvsa; veta pagos en oro, criptomonedas o términos no comerciales; y excluye operaciones con empresas vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o entidades controladas por China.
El documento también impide la venta, transferencia o uso como garantía de activos de PDVSA, así como la ejecución de sentencias o embargos que alteren la propiedad de bienes bloqueados. La licencia es explícita: no autoriza “el desbloqueo de ninguna propiedad” congelada bajo las sanciones vigentes.
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Supervisión reforzada para exportaciones de crudo
La GL52 incorpora un mecanismo de control para exportaciones de petróleo y petroquímicos venezolanos hacia terceros países. Las empresas que realicen estas operaciones deberán enviar reportes detallados al Departamento de Estado y al Departamento de Energía, especificando productos, cantidades, valores, fechas, países de destino y cualquier pago realizado al Gobierno de Venezuela.
Los reportes deben presentarse diez días después de la primera operación y luego cada 90 días mientras continúen las actividades.
La licencia busca incentivar inversión y facilitar la recuperación parcial de la industria petrolera venezolana, afectada por años de sanciones, caída de producción y falta de capital. Al mismo tiempo, preserva un sistema de control que mantiene a Pdvsa bajo reglas contractuales y financieras definidas por Washington.
Para analistas como Hernández, la GL52 marca un punto de inflexión dentro del proceso de flexibilización: ofrece claridad jurídica a empresas estadounidenses interesadas en operar en Venezuela y establece un marco más predecible para futuras inversiones, sin desmontar el régimen de sanciones que condiciona la relación bilateral.
Con información de Finanzas Digital
