En el 2019 y tras los respectivos estudios por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales le fue aprobada la incapacidad a la docente Mónica Pascual, quien hoy denuncia la suspensión de sueldo desde marzo de 2025.
La licenciada en Educación, quien prestó servicio en el Liceo Nacional Hugo Rafael Chávez de Las Adjuntas, municipio Carirubana, desde el 2005, señaló que el IVSS le aprobó una incapacidad con un 67 %. Esto tras un diagnóstico de esclerosis que le impidió seguir cumpliendo sus funciones.
Hoy en día, Pascual denuncia la suspensión de sueldo por parte del Ministerio de Educación desde el 10 de marzo de 2025. Es decir, tiene un año sin recibir el pago por los años de servicio.
La docente refiere que, en esa oportunidad, no fue en ningún momento notificada sobre esa decisión ni la causa de la misma. “No hemos recibido una notificación oficial por parte de nuestro patrono de por qué se nos arrebata nuestro derecho a un sueldo digno”, señala.
En busca de respuesta a la suspensión de sueldo, Pascual se dirigió a la sede del Ministerio de Educación, en Caracas, con los recaudos solicitados.
Un año después de la medida por parte del patrono, la docente fue informada de que tiene un procedimiento por abandono de cargo. Además, fue egresada de la nómina del Ministerio.
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Ante la situación, Pascual reitera que esa decisión viola el derecho al acceso a su sueldo, que “es un derecho humano”. Agregó la licenciada en Educación que padece de una enfermedad degenerativa, esclerosis múltiple, que conlleva a la compra de medicamentos y exámenes.
“Entonces, tomando en cuenta que tengo un documento oficial emanado por el Instituto Venezolano de los Seguros Social que indica que tengo una incapacidad total, y la Ley del Estatuto del Funcionario Público, en su artículo 78, que indica que a mí se me han mermado dos tercios de mi capacidad para seguir ejerciendo mis funciones, eso indica que no se justifica una causal de abandono de cargo”.
Reitera Pascual que en su caso el patrono nunca le notificó que le iban a abrir un proceso administrativo, obviando con ello un paso legal. “Por eso es lo que yo considero que se me han violentado mis derechos, mis derechos humanos y mis derechos laborales”.
La docente señala que existen otros colegas en la misma situación ante lo cual hace un llamado al Ministerio del Poder Popular para la Educación y al director de Gestión Humana de la Zona Educativa, “para que agilice todos los procedimientos pertinentes para que nuestros sueldos sean activados nuevamente”.
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