La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó este jueves 23 de abril de 2026 que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática ha llegado a su fin. Así lo declaró durante la instalación de la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal. Este anuncio se produce apenas dos meses después de que la Asamblea Nacional aprobara dicha ley el pasado 19 de febrero.
Esta normativa, instaurada tras la salida de Nicolás Maduro del poder, fue concebida con el propósito de otorgar amnistía general por hechos políticos ocurridos entre 1999 y febrero de 2026. Además, de buscar fomentar la reconciliación y fortalecer la convivencia democrática. De acuerdo con cifras oficiales, más de 8.600 individuos fueron beneficiados con libertades plenas gracias a esta ley. Sin embargo, cabe destacar que no establecía una fecha de expiración ni contemplaba su terminación unilateral por parte del Ejecutivo.
En respuesta al anuncio, la organización Provea calificó la acción como «arbitraria e inconstitucional». Según este grupo de derechos humanos, la derogación de una ley es una prerrogativa exclusiva del Parlamento o del Tribunal Supremo de Justicia, no del Ejecutivo Nacional. En su pronunciamiento en redes sociales, Provea subrayó que esta decisión obstaculiza los esfuerzos hacia la convivencia y la paz previamente anunciados.
Aunque reconociendo las limitaciones y omisiones de la ley, Provea destacó que significó un paso inicial para desmantelar el aparato represivo que vulneró los derechos fundamentales de los venezolanos en años recientes. La organización instó a que esta norma sea integrada en un proceso más amplio de reinstitucionalización del país, aunque aclaran que no debe ser considerada como un requisito para garantizar la liberación total de las personas encarceladas por motivos políticos.
Más rechazo al fin de la Ley de Amnistía
Por otro lado, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) señaló que más de 670 personas permanecen detenidas en cárceles venezolanas por razones políticas. Provea exigió la liberación inmediata e incondicional de estos detenidos y demandó la abolición definitiva de las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia política.
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Desde el ámbito de los derechos humanos advierten que el cierre unilateral de la amnistía podría generar inseguridad jurídica. Asimismo, entorpecer los avances en despolitizar el sistema judicial y garantizar que no se repitan violaciones a los derechos fundamentales. Provea reafirmó que alcanzar la liberación plena de los presos políticos y desmantelar las normas represivas deben ser prioridades inaplazables en cualquier esfuerzo genuino por lograr paz y reconciliación en Venezuela.
El abogado Gonzalo Himiob, de Foro Penal, hizo precisiones en su cuenta de X: «El art. 218 de la Constitución dice claramente que las leyes sólo pueden ser derogadas por otras leyes y sólo se abrogan por referendo. El Poder Ejecutivo no puede privar de su vigencia a ninguna ley de la República. La Ley de Amnistía es un acto dictado por la Asamblea Nacional actuando como cuerpo legislador (Art. 202 de la Constitución). Sólo un acto de la misma naturaleza, emanado de la AN, o un referendo abrogatorio (en el que el pueblo decide) puede privarla de su vigencia».
Con información de Efecto Cocuyo y El Estímulo
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