El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad era “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas” en favor, principalmente, de Plus Ultra.
La investigación indaga en una trama de lavado de dinero con el rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno entregó a la aerolínea tras la pandemia.
El juez José Luis Calama, titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, ha citado a declarar al exlíder socialista el próximo 2 de junio.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional estaba registrando este martes la oficina de Zapatero, la de la empresa de sus hijas What the Fav, así como la mercantil Inteligencia Prospectiva S.L. de una familia venezolana.
Además, se han realizado peticiones de información a entidades públicas como la SEPI y a la empresa china Aldesa. El juez apunta a la creación de una empresa en Dubái por orden del expresidente.
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Esta es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno está investigado en una causa por corrupción
La Fiscalía que dirige Alejandro Luzón lleva desde 2024 indagando en el paradero del dinero del rescate otorgado en marzo de 2021, después de que llegaran dos peticiones de información de Suiza y de Francia por blanqueo de capitales en ese territorio.
A finales de 2025, el asunto lo judicializaron en el juzgado de instrucción número 15 de Madrid. De hecho, el 11 de diciembre la UDEF registró la sede de Plus Ultra y detuvo al presidente de la compañía, Julio Martínez, y a su consejero delegado, Roberto Roselli.
Según el magistrado, la trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el dinero y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros del propio entramado”.
El juez asegura que el expresidente socialista puso sus “contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración” al servicio de “terceros interesados” y que contaba con dos intermediarios con los clientes: Julio Martínez Martínez (empresario alicantino que posee la consultora Análisis Relevante de la que cobraba Zapatero) y Manuel Aarón Fajardo, así como la secretaria personal del político.
Dos vías para el rescate
El juez cree que para obtener la ayuda de 53 millones de euros Plus Ultra “mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos”. Había dos líneas de influencia: una a través del ministro de Transportes José Luis Ábalos y otra a través de Zapatero, que tuvo un “papel predominante”.
Calama habla de una “red” que habría actuado usando los servicios del expresidente teniendo a Julio Martínez Martínez como interlocutor habitual con los clientes y como receptor y ejecutor de las “instrucciones directas” de Zapatero.
Él era el principal beneficiario final de los ingresos obtenidos, así como la sociedad Whathefav SL, cuyas administradoras y socias son sus hijas, “recurriéndose nuevamente a contratos de similar naturaleza para justificar el trasvase de fondos”.
Dice el auto que los dueños de Plus Ultra conocieron la concesión de la ayuda antes de que esta fuera aprobada. El contacto de la aerolínea con Zapatero no fue casual, dice el juez, sino que se inserta en la existencia previa de esta trama de ejercicio ilícito de influencias.
Con información de El País
