El pasado domingo, 31 de mayo, salió a la luz un presunto allanamiento ilegal llevado a cabo por miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en un local de entretenimiento LGTBIQ+ de Barquisimeto, estado Lara. El operativo, que habría tenido lugar el sábado, incluyó actos de extorsión y la detención de al menos 33 hombres. Según relataron las víctimas, los agentes, vestidos de civil, los acusaron de cometer «el delito de la homosexualidad«.
Tras la difusión del caso y las denuncias públicas realizadas por diversas organizaciones no gubernamentales y las propias víctimas, el Ministerio Público informó el domingo sobre la detención de cinco policías involucrados. Se los acusa de haber participado en el allanamiento ilegal y de exigir pagos, presuntamente realizados a través de una cuenta Zelle, para liberar a los detenidos. Los hombres apresados fueron puestos en libertad horas después de que se efectuaran dichos pagos, según informó Jhonatán Karlys Campos.
Hasta ahora no se tiene certeza sobre la cantidad exacta de policías involucrados en el hecho ni sobre la totalidad de las acciones cometidas, las cuales incluyen presunto robo y maltrato verbal hacia los presentes en el establecimiento. Las autoridades venezolanas confirmaron el domingo la detención de cinco miembros de la PNB tras ponerse en marcha un protocolo interno de control. Según un comunicado oficial, estos agentes fueron entregados a la Fiscalía y serán presentados ante un tribunal en las próximas horas.
En respuesta al incidente, el Ministerio Público designó a la Fiscalía 21 del estado Lara y a la Fiscalía 98 Nacional. Ambas especializadas en protección de derechos humanos y diversidad de género, para llevar adelante la investigación penal sobre lo ocurrido. Asimismo, ratificó su compromiso con el respeto de los derechos humanos sin discriminación.
En rechazo a los hechos sucedidos, organizaciones como el Observatorio Venezolano de Violencias LGTBIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento Somos denunciaron que este acto no solo violenta los derechos de los propietarios del local allanado, sino que también fomenta la persecución y humillación pública hacia personas de la comunidad LGTBI.
Romario Sánchez, activista del Movimiento Somos, mencionó que este no es un caso aislado. Desde 2020, al menos ocho establecimientos LGTBI han sido objeto de intervenciones similares en ciudades como Caracas, Maracaibo, Valencia y Mérida.
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Entre estos episodios destacó lo ocurrido en julio de 2023, cuando 33 hombres fueron detenidos en un establecimiento diverso en Valencia, estado Carabobo. En aquel momento, fueron acusados de «ultraje al pudor», «agavillamiento» (asociación ilícita) y «contaminación sónica». Posteriormente recuperaron su libertad tras una ola de protestas lideradas por colectivos sociales y ciudadanos.
Con información de Notitarde
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