Las organizaciones concluyen que entre 2019 y 2021 la Alta Comisionada emitió un total de 43 recomendaciones.
Un informe de seguimiento desarrollado por organizaciones de la sociedad civil venezolana de derechos humanos con experticia en los temas tratados, destaca los principales elementos que ilustran el nivel de implementación y cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Estado venezolano, en sus informes 2019-2021.
En ambos informes, la Alta Comisionada instó a mejorar la situación de los derechos humanos en el país. El Informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la oficina de la ONU sobre DDHH en Venezuela, recoge aportes actualizados de organizaciones venezolanas de derechos humanos con experticia en los temas tratados, reseñó Tal Cual.
A juicio de estas ONG, el Estado continúa sin acatar plenamente la totalidad de recomendaciones realizadas por la Alta Comisionada. Al respecto, destacan aquellas relativas a la libertad individual e independencia judicial.
Este informe está suscrito por las organizaciones Provea, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Centro de DDHH de la Universidad Metropolitana, Centro de DDHH de la Universidad Católica Andrés Bello, Amnistía Internacional, Global Centre for the Responsibility to Protect, Freedom House, FIDH e ISHR.
Libertad individual
Siguiendo las recomendaciones de la Alta Comisionada, el Estado venezolano debía:
- Poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente.
- Detener y prevenir el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.
- Garantizar los derechos a la alimentación, el agua, el saneamiento, la salud, la seguridad y la dignidad de todas las personas privadas de libertad.
Lamentablemente, ninguna de esas recomendaciones se ha cumplido.
Independencia del poder judicial
Entre otras recomendaciones, la Alta Comisionada solicitó a las autoridades venezolanas:
- Llevar a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos.
- Garantizar el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, y adoptar medidas efectivas para restablecer la independencia e imparcialidad del sistema judicial, la Fiscalía General y el Defensor del Pueblo.
- Establecer un mecanismo independiente, imparcial y transparente para aumentar el número de jueces y fiscales titulares por medio de un proceso público transparente.
Derechos económicos
Por recomendación de la Alta Comisionada, el Estado venezolano debía, entre otras cosas:
- Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud.
- Garantizar ingresos suficientes para los trabajadores públicos.
Desafortunadamente, la totalidad de dichas recomendaciones continúan sin ser implementadas, lo que ha mantenido una situación crítica en el ámbito de los DESC. Al punto que, a la fecha, la gravedad de los indicadores de la Emergencia Humanitaria Compleja no se ha disipado.
Con información de: Versión Final