La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil presentó una denuncia contra el hijo Bolsonaro, el diputado federal Eduardo Bolsonaro ante el Supremo Tribunal Federal (STF). La misma por presunta coacción en un proceso judicial, según informaron este lunes medios locales.
Eduardo Bolsonaro es acusado debido a sus maniobras para impulsar sanciones de Estados Unidos para interferir en el juicio por golpismo de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.
Paulo Figueiredo, aliado cercano a la familia Bolsonaro, también fue acusado por su colaboración con Eduardo mientras se encontraba en Estados Unidos.
El expresidente Bolsonaro fue condenado el 11 de septiembre por la corte suprema a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado en 2023.
El procurador general de la República, Paulo Gonet, sostuvo que los acusados divulgaron ampliamente las consecuencias financieras derivadas de las sanciones que impulsaron. Demostraron su capacidad para concretarlas en suelo estadounidense.
Desde marzo de 2025, Eduardo Bolsonaro ha residido en Estados Unidos con el propósito de evitar cualquier condena contra su padre. Durante dicho período, se ha reportado que realizó esfuerzos de cabildeo para promover sanciones contra autoridades brasileñas, especialmente dirigidas al Supremo Tribunal Federal.
A pesar de las presiones y amenazas recibidas por el STF, recientemente se dictó sentencia contra Jair Bolsonaro.
Actualmente, el STF deberá decidir si acepta los cargos presentados contra Eduardo Bolsonaro y Paulo Figueiredo. De ser aprobados, ambos serán formalmente imputados en un proceso penal.
Por otro lado, Jair Bolsonaro no ha sido denunciado por esta acusación en particular. Esto debido a la falta de pruebas que lo vinculen directamente con la coacción sobre los magistrados.
¿Respuesta a las solicitudes del hijo de Bolsonaro?
Estados Unidos anunció este lunes nuevas sanciones contra Viviane Barci de Moraes, esposa del juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, quien lideró el juicio que resultó en la condena histórica del expresidente Jair Bolsonaro.
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Las sanciones también alcanzan a una empresa familiar propiedad de los Moraes. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ya había tomado medidas contra el magistrado el 30 de julio por su papel principal en el proceso judicial que llevó al fallo contra Bolsonaro, acusado de intentar un golpe de Estado.
Este caso ha generado fuertes críticas desde el entorno del expresidente Donald Trump. Entre los afectados por las nuevas sanciones figura la consultora Lex, Instituto de Estudios Jurídicos, ubicada en Sao Paulo, además de la esposa del juez.
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