El mandatario municipal, de tendencia opositora, es acusado por el presunto desalojo ilegal de 11 familias campesinas en la zona Villa Zamora I, en marzo pasado.
La Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 aprobó, por unanimidad, iniciar acciones políticas y penales en contra del alcalde del municipio Zamora (Guatire) del estado Miranda, Raziel Rodríguez.
El mandatario municipal, de tendencia opositora, es acusado por el presunto desalojo ilegal de 11 familias campesinas en la zona Villa Zamora I, en marzo pasado.
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de mayoría oficialista, señaló que también será aplicada la responsabilidad política a la fiscal 4° del Ministerio Público (MP), Norka Martínez; a la juez Tercera de Primera Instancia Estadal, Municipal y Penal en funciones de Control número 3 del Circuito Judicial Penal de Miranda, Jusbelys Carguaripano; la directora de la policía municipal, Neile Martínez, y los funcionarios policiales José Romero Parica, Raúl Romero y Belkis Ramírez.
Asimismo los directores de ingeniería y vivienda de la alcaldía, Carlos Carratu y Ebando Rodríguez, respectivamente, y los representantes de la empresa Guatire Textil C.A., especialmente Omar Sánchez, quien es señalado por supuestamente perpetrar el desalojo con apoyo de los funcionarios públicos.
Rodríguez indicó que el caso será remitido al Poder Ciudadano para que establezca las responsabilidades administrativas, civiles y penales de todos los señalados.
«Es un político que debe ir preso porque cometió crímenes en contra de niños, niñas, abuelos y abuelas. ¡Tiene que ir preso! Sería una vergüenza que en poco tiempo nos miremos en un espejo y este señor siga siendo alcalde; sería una vergüenza que esa juez, esa fiscal y esa jefa de la policía no vayan presos, y que todos los derechos (de los afectados) no sean resarcidos. Tenemos que dar una lesión sin distinción política», manifestó en la sesión del Parlamento.
Acusados son señalados de cometer al menos 13 delitos
La decisión de la AN fue tomada luego de que una comisión especial, liderada por el diputado Ricardo Molina, presentara un informe con las conclusiones de la investigación ordenada por la plenaria el pasado 21 de abril en contra del alcalde de Guatire.
Molina aseguró que los señalados cometieron al menos 13 delitos, entre ellos simulación de hecho punible, privación ilegítima de la libertad, detención arbitraria sin orden judicial, maltrato físico y mental de un adulto mayor, detención sin orden de allanamiento, violación de domicilio mediante abuso de funcionarios públicos, destrucción y robo de bienes materiales y maltrato animal.
Indicó que las 16 familias afectadas habitaban y trabajaban en el terreno desde 2013, luego de que se les otorgara la carta agraria.
Molina denunció que presuntamente 11 familias fueron persuadidas con dinero para que abandonaran el lugar, mientras que las otras 5 se negaron. Para el momento del desalojo, relató, solo estaban dos hombres, uno de ellos de 70 años de edad, que luego fueron detenidos en un lapso de dos días, así como dos mujeres más un niño de 4 años.