La Cámara de Diputados de Argentina inició el miércoles el debate de un voluminoso paquete de reformas impulsado por el presidente Javier Milei como punto de partida de su ambicioso plan para la desregulación total de la tercera economía de Latinoamérica.
Con el apoyo de legisladores de la oposición más dialoguista, el partido gobernante La Libertad Avanza —que es la tercera fuerza en el Parlamento— logró el quórum necesario para iniciar la sesión, aunque el resultado de la votación todavía es incierto.
El proyecto oficial de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos” —o “Ley Ómnibus” por la gran cantidad de aéreas sobre la cual legisla— es considerada por Milei vital para el éxito de su programa económico y terminar con el flagelo de la inflación, que en 2023 fue de 211,4%.
Si no logra el respaldo del Congreso, el tropiezo dejará expuesta la debilidad política del economista ultraliberal que asumió el 10 de diciembre y dará una pésima señal a los mercados, que están especialmente atentos a la marcha de su gobierno tras dos décadas casi ininterrumpidas de líderes populistas.
En rasgos generales, la iniciativa contempla la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo sobre materia económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifas, energética y administrativa. Impulsa una profunda reforma del Estado, que incluye la privatización de empresas públicas, algunas de ellas con un rol estratégico como la petrolera YPF.
Hay capítulos que establecen penas más duras contra protestas callejeras que afecten el normal funcionamiento del transporte o los servicios públicos y plantean una legislación más permisiva para las fuerzas de seguridad en caso de legítima defensa.
El Congreso de Argentina podría sesionar hasta el viernes
Milei argumenta que sin esta herramienta normativa Argentina no logrará revertir sus padecimientos económicos y se encaminará a una hiperinflación con costos sociales impredecibles.
En contrapartida, la oposición se muestra reticente a aprobar el proyecto tal cual fue enviado por el Poder Ejecutivo porque considera que muchas de las reformas no son viables o requieren mayor discusión.
En especial, hay reticencias por el plazo de delegación de facultades legislativas, la privatización de empresas públicas, el aumento de impuestos a las exportaciones y la eliminación de la fórmula de actualización de jubilaciones por inflación, entre otros puntos.
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A ello se suma el rechazo de sindicatos, organizaciones sociales, grupos de derechos humanos y representantes de la cultura que ven amenazados sus derechos. En coincidencia con el inicio de la sesión, militantes de izquierda se movilizaron frente al Congreso.
La sesión podría extenderse hasta el viernes, dado que primero debe votarse en general y luego cada uno de sus más de 300 artículos.
El oficialismo necesita al menos 129 votos sobre un total de 257 diputados para lograr la media sanción. Si la consigue, continuará su debate en el Senado la próxima semana.
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