Un gobierno en crisis, sin nueva Constitución y con temores de represión, habla que la transformación que impulsó el movimiento de octubre de 2019 todavía tiene un largo camino por delante.
Chile conmemora este martes el tercer aniversario de estallido social en un clima de tensión política por la crisis de popularidad que arrastra el Gobierno progresista de Gabriel Boric y la incertidumbre generada por el inconcluso proceso constitucional.
A ello se suma el amplio despliegue policial que ordenaron las autoridades para custodiar las marchas con las que se prevé que miles de personas recordarán el 18 de octubre de 2019, cuando comenzaron las movilizaciones estudiantiles que a partir de ese momento pusieron en jaque al Gobierno de Sebastián Piñera.
Los operativos anunciados, en los que participarán por lo menos 25.000 carabineros, encendieron la alerta de las organizaciones de derechos humanos, ya que las fuerzas de seguridad de este país suelen reprimir con gases lacrimógenos, chorros de agua y hasta balas de goma.
Durante el estallido, que duró meses, los efectivos cometieron violaciones a los derechos humanos que fueron registradas en informes nacionales e internacionales, y que todavía no han sido investigadas ni condenadas en su totalidad.
Las movilizaciones de ese año sorprendieron al resto del mundo porque difuminaron el espejismo del “éxito” del neoliberalismo en Chile que, en realidad, solo había provocado mayor desigualdad. También aceleraron la llegada al poder de una nueva generación de líderes políticos.
Boric es uno de ellos, sin embargo, a diferencia de sus antecesores, no ha gozado de luna de miel alguna. Desde que asumió en marzo pasado, la valoración negativa hacia su gestión ha ido en aumento y llega a este aniversario en su peor momento ya que, según la encuesta de esta semana de la consultora Cadem, su nivel de desaprobación llega al 65 %.
La falta de respaldo a un presidente que surgió directamente del estallido social explica, en parte, el rechazo mayoritario que tuvo la propuesta de una nueva Constitución que se plebiscitó en septiembre, lo que obligó a Boric a reiniciar un proceso que es obstaculizado por la oposición conservadora, que consideró los resultados como un triunfo propio.
Cambios históricos
El 18 de octubre de 2019, jóvenes estudiantes comenzaron a saltar los torniquetes del metro en la ciudad de Santiago para protestar por el alza al precio del boleto.
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Vestidos con sus uniformes, se juntaron, gritaron, cantaron y siguieron evadiendo los molinetes durante varios días. La rebeldía se contagió y replicó luego en inéditas e imparables movilizaciones en las que los ciudadanos protestaban ya no solo por el precio del transporte, sino contra el modelo económico en su totalidad.
A las marchas en Santiago, en las que la Plaza Italia de Santiago fue rebautizada como Plaza Dignidad, se sumó Boric, un joven dirigente con estudios inconclusos de abogacía que había comenzado a adquirir visibilidad pública en 2011, como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
Acosado por las protestas, Piñera aceptó la realización de un plebiscito para que la ciudadanía dijera si quería o no una nueva Constitución. La consulta se realizó el 25 de octubre de 2020 y el resultado fue un apoyo del 78 % a que hubiera una nueva Carta Magna.
Luego vino la elección de los 155 convencionales, que se realizó el 15 y 16 de mayo del año pasado, con un triunfo abrumador de representantes de nuevas fuerzas políticas, en su mayoría progresistas y de izquierda, lo que confirmó el hartazgo de la sociedad chilena con la clase política tradicional.
La convención trabajó durante un año. En el medio, Boric fue electo presidente. Con la nueva Constitución en marcha y el arribo a La Moneda de un político joven y de izquierda, parecía que los reclamos del estallido se abrían paso de manera acelerada.
Aunque ha sido el presidente más votado en la historia de Chile, Boric no ha tenido tregua. Los cuestionamientos en su contra han sido constantes, tanto como las crisis internas que incluso lo han obligado a cambiar de gabinete.
El rechazo a la nueva Constitución fue un golpe directo a su Gobierno, que ahora enfrenta el reto de alcanzar un acuerdo con el resto de la oposición para que haya una nueva Carta Magna.
Así, a tres años del estallido, la épica se ha desdibujado y ya quedó claro que el proceso de transformación que impulsó el movimiento de octubre de 2019 todavía tiene un largo camino por delante.
Con información de RT