La Cámara Comercial, Industrial y Agrícola del Estado Falcón (Cicaf) consolida una hoja de ruta institucional para resolver la crisis de tarificación en el servicio de disposición final de desechos sólidos en el municipio Miranda.
Esta gestión, liderada por José Ávila, presidente del ente gremial y toda su directiva, busca equilibrar la operatividad del servicio público con la estabilidad financiera de las empresas locales, evitando cargas impositivas desproporcionadas. La ruta inició en septiembre de 2025 con la formulación de propuestas técnicas.
Tras escalar las gestiones a instancias como Consecomercio y Fedecámaras, el pasado 31 de marzo se logró un encuentro clave con el Consejo Legislativo (Clef) y el Ejecutivo Regional. En esta reunión se abordaron las fallas del esquema de cobro actual y el impacto del Proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos.
Como resultado, se planteó la suspensión temporal de cobros mientras se realiza un estudio exhaustivo para crear un nuevo tabulador ajustado a la realidad económica empresarial.
Además, bajo la Ley de Armonización Tributaria, Cicaf exige la eliminación de la retroactividad y el reconocimiento del Crédito Fiscal para quienes ya han pagado bajo resoluciones previas de Serdefalca y la regularización de todos los aspectos legales.
Se ha propuesto una Mesa Técnica Permanente para auditar la calidad del servicio y revisar las inconsistencias detectadas en la resolución 553 de diciembre de 2025.
Mediante un comunicado, Cicaf enfatizó que su rol es estrictamente de articulación gremial, siendo el Ejecutivo Regional el único con facultad decisoria.
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Se espera que el Gobierno regional brinde respuestas definitivas antes del 30 de abril de 2026, fecha límite para definir el nuevo rumbo de la gestión de desechos en la entidad.
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