En la primera masacre murieron cuatro personas de una misma familia y luego la comunidad ajustició a cuatro de los implicados.
Las autoridades colombianas investigaban el lunes la masacre de cuatro personas de una misma familia ocurrida en una zona rural de Santander, al noreste del país, y el ajusticiamiento a manos de la comunidad de los cinco presuntos asesinos.
Cuatro miembros de una misma familia integrada por el docente Álvaro Díaz, su esposa y sus dos hijos de 13 y 20 años fueron atacados en su propia vivienda con armas cortopunzantes antes de que la casa fuera incinerada intencionalmente.
El múltiple homicidio —ocurrido el domingo— habría sido cometido por ciudadanos de nacionalidad venezolana, dijo el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, en un pronunciamiento oficial.
Una mujer que se desempañaba como empleada de la familia Díaz logró huir pese a estar herida y alertó a la comunidad de Landázuri, un municipio ubicado en Santander. La mujer fue intervenida quirúrgicamente y está fuera de peligro.
Tras la masacre miembros de la comunidad habrían asesinado a cuatro hombres y una mujer, presuntos autores del crimen, cuando emprendieron la fuga. Las autoridades investigan quiénes participaron en los asesinatos.
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Cuatro cuerpos fueron encontrados e identificados y continúan buscando el restante, indicó el lunes a medios locales el alcalde de Landázuri, Marlon Ballen.
Las autoridades tienen varias hipótesis sobre el móvil del asesinato de la familia. Una de ellas es que se trató de un hecho de intolerancia: según explicó la gobernación de Santander el docente estaba departiendo con un grupo de conocidos y durante la reunión se habría dado una discusión y luego una riña que terminó en tragedia.
También se investiga si se trató de un robo o del cobro de una deuda por una inversión en una explotación de carbón.
La Asociación de Juntas de Landázuri pidió una investigación rápida y eficaz. Además, denunció el lunes a través de un comunicado que previamente advirtieron a las autoridades y al Estado sobre la expansión de las actividades mineras de carbón ilegales, lo que provoca una “inmigración descontrolada de personal de otras regiones del país al igual que extranjeros, lo cual puso en riesgo la paz”.