La utilización de cédulas venezolanas falsas por parte de delincuentes colombianos plantea serias implicaciones para la seguridad y el sistema judicial.
Cédulas falsas venezolanas están recorriendo el territorio colombiano, un nuevo delito que incrementa los indices de criminalidad por cuenta de las bandas del crimen organizado que se han internacionalizado, como el Tren de Aragua, pero también por delitos de diferente índole cometidos por delincuentes comunes de esta nacionalidad.
Esta semana surgió un hecho determinante, luego de que Jaime Andrés Beltrán, un concejal de la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, denunció organizaciones que falsifican y venden cédulas venezolanas, las cuales adquirían delincuentes colombianos, para delinquir a nombre de ciudadanos venezolanos.
Puedes leer: MERCADO FARMACÉUTICO VENEZOLANO CAE EN ABRIL
Investigación
Según la investigación del concejal Jaime Andrés Beltrán, los delincuentes colombianos que se hacían pasar como venezolanos, han estado comprando cédulas falsas venezolanas en los últimos meses a través de anuncios clasificados por Internet, documentos que les permiten evadir a las autoridades colombianas y hacerse pasar por ciudadanos venezolanos, para de esa forma cometer delitos en su país, así como en cualquier otra parte del mundo donde se están movilizando estos delincuentes
Además la impunidad y reincidencia delictiva, esta situación se convierte en un creciente problema. Ya que, una capturados los delincuentes y presentados ante un juez como ciudadanos venezolanos, los dejan en libertad, según los delitos, por tratarse de crímenes menores.
Por otro lado, algunos de estos delincuentes son deportados a Venezuela, y liberados tras verificar la base datos de los organismos de seguridad aparecen limpios.
Es decir, sin antecedentes, razón por la cual retoman la calle donde nuevamente vuelven a cometer delitos utilizando las mismas cédulas falsas.
La utilización de cédulas venezolanas falsas por parte de delincuentes colombianos plantea serias implicaciones para la seguridad y el sistema judicial.
Por un lado, se dificulta la identificación y persecución de los verdaderos responsables de los delitos, generando impunidad.
Por otra parte, aumenta el descrédito de los venezolanos en Colombia, donde si bien están amparados por el programa de protección temporal, enfrentan tratos discriminatorios en algunos sectores de la sociedad.
Con información de La Nación