La ONG Provea confirmó la noche de este sábado 10 de febrero la detención de la activista y defensora de derecho humanos Rocío San Miguel.
La abogada fue detenida este viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía.
Provea, a través de su cuenta en X, aseguró que la detención de San Miguel “constituye un hecho MUY GRAVE que pone en evidencia el progresivo cierre del espacio cívico”. Agrega que la medida responde al “empeño de quienes gobiernan por reprimir a las voces críticas”.
En la misma red social, la Organización No Gubernamental exige la inmediata liberación de la fundadora y presidenta de la ONG Control Ciudadano.
Asimismo, denuncian que “este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos” en Venezuela.
Sin pronunciamiento gubernamental tras detención de Rocío San Miguel
Aunque la aprehensión de San Miguel fue el pasado viernes 9 de febrero, hasta el momento no existe pronunciamiento del Ministerio Público. Tampoco lo ha hecho algún funcionario del gobierno de Nicolás Maduro.
Sobre las razones de la detención de la activista de derechos humanos no hay información. Sin embargo, medios nacionales refieren que podría responder a las investigaciones que adelantan autoridades nacionales sobre cinco presuntas conspiraciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Foto/Cortesía
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“Brazalete blanco”
Según refiere la publicación de CNN, San Miguel fue detenida este viernes por las autoridades venezolanas por su presunta vinculación con el caso “Brazalete blanco”, una de las cinco conspiraciones bajo actual investigación.
Al parecer, San Miguel fue aprehendida tras haber sido mencionada por uno de los señalados en la más reciente trama conspirativa. Además, del presunto intento de magnicidio que investiga la Fiscalía general de la República.
Rocío San Miguel, de 57 años, es reconocida por su defensa de derechos humanos. Tema en el que es experta así como en lo referido a seguridad, defensa y Fuerza Armada Nacional.
Además de presidir la ONG Control Ciudadano, San Miguel ha supervisado los compromisos del Estado venezolano con el Estatuto de Roma y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Con información de Efecto Cocuyo y CNN
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