La decisión del estado de emergencia en Perú es un intento del nuevo gobierno, para controlar las protestas que sucedieron a la crisis política peruana.
El nuevo gobierno ha declarado el estado de emergencia en Perú por 30 días en todo el país ante las protestas sobrevenidas en el país por la destitución de Pedro Castillo.
El ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció el miércoles que la medida se tomó “debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y caminos”.
Otárola dijo que aún se está por definir si la medida incluirá un toque de queda. Pero puntualizó que la declaratoria de emergencia “significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de la reunión y la libertad y seguridad personales”.
Las fuerzas del orden, en consecuencia, podrán impedir reuniones, ingresar a domicilios y restringir el tránsito, si lo consideran necesario.
La decisión de restringir derechos es un intento del nuevo gobierno, presidido por Dina Boluarte, para controlar las protestas que sucedieron a la crisis política peruana.
Boluarte se pronunció la tarde del miércoles ante la escalada de tensión y llamó a la paz.
Tras reunirse con los mandos militares, dio declaraciones a la prensa sin permitir preguntas. “Queremos generar un diálogo con ustedes, hermanos y hermanas. Sabemos que las necesidades de nuestra querida patria están sin atenderse de hace mucho tiempo”.
La nueva Presidenta arrancó su pronunciamiento, matizando que eso se podrá hacer dentro de “la paz, de la concordia, de la hermandad”.
Cifró en 200 los policías heridos, mencionó que “seguramente también hay en la sociedad civil que están agredidos”.
Boluarte rechazó que las protestas se estén “saliendo” del marco legal con la quema de comisarías, la toma de carreteras y de aeropuertos. “Estamos cansados, creo yo, de nuestra historia en el Perú de no vivir tranquilos y en paz”, añadió.
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Estado de emergencia en Perú
Para el politólogo en investigador del Instituto de Estudios Peruanos, Jorge Aragón, la declaratoria del estado de emergencia en Perú es “una mala noticia”.
El también profesor de la Pontificia Universidad Católica dice que es reconocer que “sin ese uso de la fuerza” no se puede conseguir autoridad. A su juicio, lo único que devolverá cierta normalidad es dejar bien establecido que el de Boluarte se trata de “un gobierno absolutamente de transición”.
La confrontación social suma hasta el miércoles seis muertos y un centenar de heridos, según la Defensoría del Pueblo. Los manifestantes reclaman el cierre del Parlamento, un adelanto de elecciones, la renuncia de Boluarte y, para algunos también, la libertad del expresidente Pedro Castillo.
La causa en los tribunales
La misma mañana en que se declaraba el estado de emergencia, se aplazaba la audiencia para decidir sobre la libertad de Castillo. El jueves se decidirá si Pedro Castillo recibe una extensión de su prisión preliminar de hasta 18 meses como solicita la Fiscalía.
Pedro Castillo, permanece con detención preliminar de 7 días desde el pasado 7 de diciembre y permanecerá preso en tanto el Poder Judicial decide.
La sesión del miércoles en que debía tomarse esa decisión se suspendió a pedido de la defensa de Castillo, que alegó no haber sido notificada.
Una sala de la Corte Suprema ratificó la víspera la detención de siete días a Castillo y rechazó la apelación presentada para anular la orden judicial inicial de detención.
Uno de los argumentos del tribunal para rechazar esa apelación y ratificar la detención fue la petición de asilo político de Castillo a México. El presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, había confirmado que el mandatario destituido le había llamado para pedir asilo político.
Este aspecto también está entre los argumentos de la Fiscalía para extender la prisión preliminar. La solicitud de prisión se extiende al ex primer ministro peruano Aníbal Torres, cuya localización es desconocida.
Vilma Vasquez Castillo, sobrina del expresidente, reprochó a las afueras del recinto donde está detenido la falta de comunicación que ha habido su pariente. “No nos dejan ingresar, queremos saber qué esta pasando, como familiares no tenemos ninguna información”, reclamó en el exterior de la Dirección de Operaciones Especiales donde se congregan seguidores de Castillo.
La noche anterior Castillo adujo ante el juez que decidía sobre su apelación que no renunciará a la causa que le dio el pueblo y exhortó a las Fuerzas Armadas a deponer las armas y dejar de matar civiles.
Castillo no renunciará a su causa
“Estoy injusta y arbitrariamente detenido… Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá”, defendió el expresidente destituido. “Desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, dijo en conexión virtual, interrumpido por el juez que le pidió ceñirse al alegato judicial.
Afuera de la prisión, los abogados de Castillo leyeron una carta atribuida al exmandatario en la que culpa de las muertes ocurridas en las manifestaciones a la presidenta Dina Boluarte. La jefa de Estado fue su vicepresidenta y asumió el cargo después de que el Congreso removiera a Castillo por el intento de disolver el Congreso el mismo 7 de diciembre que fue calificado por sus detractores como un golpe de Estado.
“Señora Dina, mira el lugar que ocupa. La hago responsable a usted y a todo su círculo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas”, dice el exmandatario en esta misiva.
Estos mensajes fueron replicados en las redes sociales del exmandatario.
Boluarte, en cambio, ha puesto en duda esas expresiones. “No creo que esas palabras que están saliendo en el Twitter del presidente Castillo sean palabras de él. Lo siguen utilizando, lo siguen manipulando al presidente”, dijo tras visitar en un centro de salud en Lima a una niña que resultó herida en uno de los enfrentamientos en la zona de Andahuaylas, en la región de Apurímac, a 757 kilómetros de la capital del país.
