Una vez que el Consejo Nacional Electoral conozca el decreto presidencial debe convocar en el plazo de 15 días al referéndum.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, el martes 29 de noviembre firmó un decreto ejecutivo para convocar a un referéndum constitucional en el que quiere consultar a la ciudadanía ocho preguntas sobre temas de interés nacional.
“Hoy firmé el Decreto Ejecutivo que convoca a referéndum para la #ConsultaCiudadanaEC. Los ecuatorianos podrán decidir sobre 8 preguntas que traerán más seguridad, mejor representación y permitirán el cuidado del medio ambiente”, anunció el mandatario en su cuenta de Twitter.
“¡Con esta consulta gana el Ecuador!”, agregó Lasso, después de que el pasado 9 de noviembre la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de las preguntas planteadas por el gobierno.
Lasso, quien lleva 18 meses de gestión, envió las preguntas en septiembre pasado a la Corte señalando que las mismas contienen ideas y grandes lineamientos para trazar el rumbo que sacará a Ecuador adelante.
De acuerdo con el mandatario, se trata de una “consulta ciudadana” con la que se busca alcanzar un país estable, más seguro y con una justicia sólida, en momentos de creciente inseguridad en el país.
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Según la Constitución, una vez que el Consejo Nacional Electoral conozca el decreto presidencial debe convocar en el plazo de 15 días al referéndum, que deberá efectuarse en el plazo de 60 días.
El deseo del gobierno es que el referéndum pueda desarrollarse a la par de las elecciones seccionales que se celebrarán el 5 de febrero de 2023.
Entre otros asuntos, se consultará al pueblo si está de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir al crimen organizado, así como permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional.
Se preguntará además sobre reducir el número de miembros de la Asamblea Nacional (Congreso unicameral) de 137 que es actualmente a unos 100; la autonomía de la Fiscalía General y limitar la proliferación de partidos políticos que no tengan el suficiente respaldo en firmas.
Se propone también eliminar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la designación de autoridades de control, y establecer el pago de compensaciones a quienes apoyan la generación de servicios ambientales.