Tras una solicitud del gabinete de Seguridad del gobierno, el Congreso de El Salvador aprobó el martes una nueva prórroga del estado de emergencia, que suspende derechos constitucionales, para continuar con su política de mano dura contra las maras o pandillas, a las que acusa de la mayoría de los crímenes en el país centroamericano.
Esta es la 16ta prórroga que solicita el gobierno de ese régimen, que se aplica desde fines de marzo de 2022, en medio de preocupaciones y denuncias de organismos de derechos humanos.
“Con el régimen de excepción, los salvadoreños viven en paz. Les hemos dado esperanza y libertad de movilizarse con seguridad a diferentes sitios. Lo logramos luego de haber perdido generaciones por la cobardía de los gobiernos anteriores”, reiteró el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sobre los argumentos que esgrime el gobierno para restringir derechos como el de representación de abogado para los detenidos o el de asociación.
Villatoro oficializó el pedido ante el Congreso, que debe pronunciarse con la aprobación o rechazo de la medidas. Hasta ahora, el Legislativo de mayoría oficialista no ha negado a la renovación del régimen de excepción, que ya se extiende por 472 días.
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La prórroga debe solicitarse cada mes. La extensión anterior aprobada el 14 de junio vence el sábado 15 de julio. Si la nueva prórroga iniciase el 16 de julio, estaría vigente hasta el 14 de agosto.
Buscan varias iniciativas legales
El gobierno de Bukele también presentó ante el Congreso una iniciativa para reformar Ley Especial Contra el Crimen Organizado para aumentar en dos tercios la pena máxima de 45 años de prisión contra los cabecillas de estas estructuras criminales conocidas como maras o pandillas.
También pidió aprobar disposiciones transitorias para procesar a los capturados durante el régimen de excepción “por estructuras”. Las pandillas están formadas por grupos o clicas y el gobierno buscan poder enjuiciarlos de forma conjunta. Las dos iniciativas pasaron estudio de una comisión del Congreso.
Villatoro dijo que quieren ordenan el proceso judicial contra más de 65.000 imputados —de los 71.000 capturados que están en prisión— contra los que habría que promover 3.200 solicitudes de imposición de medidas. La idea es que, al procesarlos por estructuras, esas miles de solicitudes pasen a ser “un poco más de 300 casos”.
El ministro recalcó que “todas las encuestas de opinión, incluso las de la oposición y las internacionales reflejan un amplio respaldo en más del 90% de la población en un año y cuatro meses de régimen de excepción”.
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