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lunes, noviembre 18, 2024

Entérate quién es Patricia Benavides, la nueva fiscal general de Perú

La nueva fiscal general peruana tiene una maestría en Derecho Civil y Comercial y un doctorado en Derecho.


La fiscal suprema Patricia Benavides Vargas fue elegida este lunes de manera unánime como nueva Fiscal de la Nación (general) de Perú, en una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos, informó el Ministerio Público en sus redes sociales.

La sesión en la que se eligió a la sucesora del fiscal Pablo Sánchez, quien ocupaba el cargo de manera interina desde el pasado 30 de marzo tras el término del período de tres años que ejerció Zoraida Ávalos, se celebró de manera reservada y sin previa información a los medios.

Sánchez ocupó este año el máximo cargo en el Ministerio Público de manera interina por segunda vez, ya que también lo hizo entre enero y julio de 2015, luego de la suspensión de Carlos Ramos Heredia como Fiscal de la Nación.

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Tras ese período como interino, la Junta de Fiscales Supremos lo designó en julio de 2015 como Fiscal de la Nación titular por el periodo de tres años que establece la ley.

Conoce más de la nueva fiscal

  • Benavides es una abogada por la Universidad de Lima que fue elegida como fiscal suprema el pasado 2 de junio junto con el fiscal superior Juan Carlos Villena, lo que permitió que la Junta de Fiscales Supremos cuente con el quórum necesario para elegir al sucesor de Sánchez.
  • La nueva fiscal general peruana tiene una maestría en Derecho Civil y Comercial y un doctorado en Derecho, otorgados por la Universidad Alas Peruanas, así como un máster en derecho penal y garantías constitucionales por la Universidad de Jaén.
  • Tiene una trayectoria de 27 años en el Ministerio Público, donde comenzó como fiscal adjunta hasta llegar a ser fiscal suprema adjunta, y trabajó en los distritos fiscales de Huancavelica, Ica y Lima.

DATO

Benavides considera que el Ministerio Público debe continuar con la investigación preliminar abierta al presidente Pedro Castillo en un caso de presunta corrupción al interior del Ejecutivo, que la defensa del gobernante exige que se detenga porque el gobernante goza de inmunidad durante su mandato.

Con información de EFE

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