Una Intervención en el PCV (Partido Comunista de Venezuela) se dio en la formación dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. El máximo órgano judicial nombró una junta directiva ad hoc para que organice las nuevas elecciones.
Por ello, el PCV, en un comunicado, responsabilizó este sábado al gobierno nacional por la intervención judicial a la formación.
«Denunciamos (…) que el Gobierno de Nicolás Maduro ha consumado el asalto contra el PCV a través de una arbitraria sentencia judicial que avala la imposición de una directiva compuesta por mercenarios al servicio de la cúpula que dirige el (partido gobernante) PSUV», dice un comunicado de la organización.
El TSJ designó a Henry Parra como presidente de la nueva junta directiva. Parra está identificado como dirigente nacional de la formación e introdujo este amparo constitucional.
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Intervención en el PCV | Comunicado oficial
Los comunistas adelantaron que no se doblegarán ante esta medida. Aseguran que el TSJ incurrió en un «error inexcusable al admitir» el amparo constitucional introducido. Acotan que se dio «de manera extemporánea», el pasado 10 de julio por un grupo que alega que la junta directiva actual es ilegal.
En el escrito aseguran que este grupo está conformado por «ciudadanos que no militan» en el partido. Por tanto, «no cuentan con cualidad jurídica alguna para actuar en nombre» del PCV.
«Este fraude procesal, …, deja al descubierto el carácter autoritario, antidemocrático y reaccionario del Gobierno y del PSUV», sostienen los comunistas.
Acciones a tomar
La dirección del partido evalúa las acciones jurídicas y políticas, nacionales e internacionales. Aseguran «seguir luchando por el reagrupamiento de las fuerzas políticas, sociales, obreras, campesinas y populares para conquistar una salida revolucionaria a la crisis capitalista venezolana».
El PCV es la formación más antigua del país y acompañó al chavismo en su ascenso al poder en 1999.
Los dirigentes comunistas habían alertado en reiteradas ocasiones de un «plan para asaltar e intervenir el PCV». Por ello, a finales del mes pasado, más de 300 políticos, activistas y sindicalistas de varios países firmaron una petición en la que solicitaban al Ejecutivo que se evitará «la judicialización» de esta organización.
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