El fiscal general de la República, Larry Devoe, ofreció un balance sobre el sistema penitenciario en el país, basado en los resultados de uno de los últimos diagnósticos sociodemográficos efectuados a ciudadanos privados de libertad.
Devoe informó sobre el impacto del retardo procesal en las decisiones de los reclusos.
«Cuando miras los números de uno de los últimos diagnósticos sociodemográficos de la población privada de libertad, se deja ver que el 75% de los condenados admitió los hechos», dijo.
Asimismo, aseveró que dicho porcentaje refleja una distorsión en el ejercicio de la justicia. Esto demuestra que, ante el retraso en sus causas, la admisión de los hechos se convierte en una solución efectiva para que los privados de libertad puedan acortar su tiempo de reclusión.
Devoe cuestionó el funcionamiento de los centros de prisión preventiva
Por otra parte, se refirió al tópico de la criminalización de la pobreza, al recordar que la presidenta (E), Delcy Rodríguez, ha mencionado que casi el 70 % de la población reclusa proviene de los sectores más desfavorecidos.
Ligado a la vulnerabilidad económica, el estudio arrojó que el 81% de los privados de libertad son de carácter «primario»; es decir, que la gran mayoría son sometidos por primera vez a un proceso de justicia penal por la presunta comisión de algún delito.
Devoe cuestionó el funcionamiento de los centros de prisión preventiva, señalando que, a diferencia de su propósito original de ser espacios de transición, actualmente operan fuera de su diseño.
Puedes leer: EE.UU. levanta sanciones que afectaban las operaciones de CVG Minerven
El fiscal comparó el sistema de justicia con un reloj al mencionar que si una sola pieza falla, el mecanismo completo se detiene. Este efecto dominó es, a su juicio, la causa directa del actual retardo procesal.
Con información de Globovisión
