Medios argentinos han reportado un amplio despliegue policial organizado por el Gobierno del presidente Javier Milei en los alrededores del Congreso, con el propósito de prevenir la marcha de jubilados programada para este miércoles.
Se espera la participación de seguidores de clubes de fútbol, sindicatos y organizaciones sociales, mientras que los accesos al Congreso ya están vallados y se prevé la presencia de 1,000 agentes.
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Desde las estaciones de tren, se advierte sobre posibles medidas represivas contra lo que el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, ha descrito como “todo atentado contra la República”.
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), junto con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y varios sindicatos de diversas áreas, se movilizarán en solidaridad con los jubilados en su pedido de aumento de sus asignaciones.
Entre los manifestantes figura Beatriz Blanco, una jubilada que sufrió agresiones por parte de las fuerzas represivas durante una protesta anterior, donde el fotógrafo Pablo Grillo resultó gravemente herido por gendarmes.
Resguardan al Congreso
A diferencia de la movilización anterior, centrada en demandas de mejoras en los pagos, la violencia policial ha generado una unión de otros sectores sociales para exigir justicia por los incidentes represivos y la destitución de la ministra Bullrich.
En esta ocasión, organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires han logrado la intervención de la Justicia Federal para supervisar el cumplimiento del protocolo antipiquetes durante la protesta, el cual establece directrices para la actuación policial en estos eventos.
A pesar de la solicitud de prohibición de las pistolas lanzagases, arma utilizada contra el fotoperiodista Grillo, la propuesta no fue aceptada. Durante la protesta anterior, las autoridades informaron la detención de 114 personas y que 672 resultaron heridas debido a la violencia desencadenada por los gendarmes.
En respuesta a estos alarmantes sucesos, ha aumentado el repudio hacia la actuación de Bullrich y su Ministerio, reflejado en el lema “Fuera Bullrich” adoptado por los manifestantes.
En un gesto de menosprecio hacia los manifestantes y de un tono dictatorial, el presidente Javier Milei los ha tildado de “rompeautos” y “malos”, mientras elogia a los agentes de policía como “los buenos”.
Ante la ofensiva del Gobierno, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha anunciado la convocatoria de un paro general antes del 10 de abril y proporcionará más detalles al respecto durante esta semana.
Con información de Telesur
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