El fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió al tribunal, el pasado noviembre, autorización para seguir adelante con la investigación, que comenzó en 2021.
Este martes, el gobierno nacional publicó un comunicado que presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) en el que cataloga de «agresiones mediáticas» hacia Venezuela las acusaciones por crímenes de lesa humanidad.
El comunicado lo presentó el ministro de Comunicación e Información , Freddy Ñañez, en la red social Twitter.
Mientras tanto, desde distintas ONG han levantado denuncias ante la CPI para que continúen las investigaciones sobre Venezuela en materia de derechos humanos.
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¿Gobierno contra la CPI?
Además, el gobierno denunció «diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas» por la Corte Penal Internacional.
Estos señalamientos -asegura- ponen «en duda la debida imparcialidad y objetividad» de esta instancia.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió al tribunal, el pasado noviembre, autorización para seguir adelante con la investigación, que comenzó en 2021.
Esta solicitud se hizo después de que en el examen preliminar, de febrero de 2018, se detectaran indicios de que se habrían podido cometer crímenes y violaciones de los derechos humanos.
Según el comunicado del gobierno nacional, Venezuela «aportó abundante información que evidencia el carácter político del proceso iniciado en la CPI en 2018″.
Como prueba de la «naturaleza política del proceso», se señaló el caso de un ciudadano venezolano designado en 2019 por el Parlamento, «presentado por la Fiscalía de la CPI como una ‘víctima’ de ‘tortura’ y ‘persecución’».
Sin embargo, «al ser entrevistado por las autoridades nacionales competentes, negó, expresamente, haber sufrido vulneraciones a su derecho a la integridad personal», asegura el comunicado oficial.
El gobierno agrega que «seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como nación».
¿Cuál es la competencia de la corte penal internacional?
La CPI investiga presentas violaciones de derechos humanos cometidos durante las protestas durante el 2017 que dejaron al menos 100 muertos.
Las víctimas de estos hechos tienen hasta el 7 de marzo para dar sus testimonios en esta investigación. Para el 31 de marzo el fiscal Karim Khan debe presentar el informe que responda a los alegatos del gobierno venezolano.