El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Henrique Capriles, expresó su desacuerdo con la designación del nuevo fiscal general. Argumenta que esta decisión no contribuye a un proceso de «reinstitucionalización» en Venezuela, sino que responde a intereses ligados al oficialismo.
En sus declaraciones, Capriles recordó que la promesa de un «nuevo momento político» ha sido recurrente, especialmente tras las elecciones presidenciales de 2024. No obstante, denunció que en ese contexto miles de venezolanos han enfrentado procesos judiciales debido a su participación en actividades electorales. Según afirmó, aproximadamente 12 mil ciudadanos han sido judicializados, lo que, en su opinión, evidencia que el sistema institucional sigue estando controlado por el poder político.
El parlamentario criticó la decisión de nombrar a Larry Devoe como nuevo fiscal general, subrayando que este ha actuado como abogado defensor del gobierno en los últimos años. En su opinión, un Ministerio Público realmente al servicio de los ciudadanos no puede estar liderado por alguien vinculado estrechamente al oficialismo. En contraposición, respaldó a la académica Magaly Vásquez como candidata al cargo, destacándola como una profesional sin afiliación partidista.
Capriles también se refirió al equilibrio de poder dentro del Parlamento, dominado por el oficialismo, lo que a su juicio dificulta el avance de propuestas alternativas. A pesar de esta situación, sostuvo que dicha mayoría parlamentaria no refleja el sentir de la población y afirmó que la gran mayoría de los venezolanos clama por un cambio.
Las críticas de Henrique Capriles
En el ámbito económico, el legislador cuestionó los discursos oficiales sobre crecimiento y recaudación tributaria al señalar que estos indicadores no se han traducido en mejoras tangibles para la población. Respecto a la producción petrolera, destacó un marcado declive desde los más de tres millones de barriles diarios registrados en 1998 hasta cifras cercanas al millón en la actualidad.
Además, rechazó la narrativa gubernamental que atribuye la crisis principalmente a las sanciones internacionales. Aseguró que si realmente existiera un bloqueo, no sería posible observar el ingreso de bienes de lujo al país. Asimismo, criticó el llamado del gobierno a tener paciencia frente a una crisis que afecta notablemente a las familias venezolanas.
En cuanto a la situación laboral y salarial, Capriles calificó el escenario como una «emergencia social», señalando que el salario mínimo actual está por debajo de un dólar, muy lejos de los 211 dólares reportados en 1998. Según él, esta realidad impide a la mayoría de los venezolanos cubrir necesidades básicas como alimentos y medicamentos.
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Finalmente, Capriles instó al Parlamento a abrir espacios para debatir los problemas económicos y sociales más urgentes del país y exigió transparencia sobre el manejo de los recursos públicos. Aseguró que es imperativo que los ciudadanos conozcan el destino del dinero del Estado y por qué no se traduce en un mayor bienestar para la población.
Con información de Versión Final
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