InSight Crime publicó un reporte el pasado 8 de agosto en el que expone la participación de funcionarios de seguridad venezolanos en las redes de trata de personas.
Esta fundación, dedicada a investigar el crimen organizado y la corrupción en América Latina, publicó el reportaje en su página web.
Además de los registros de los pocos casos de funcionarios imputados por este delito, el reportaje expone bien la acción o complicidad de los funcionarios.
“Su complicidad en el traslado de las víctimas ha sido un elemento facilitador para que las redes de trata logren sus objetivos criminales”, afirman en el reportaje.
Redes de trata en Venezuela: análisis de InSight Crime
En el reportaje, la fundación asegura que parte la de información la recogió en visitas a zonas fronterizas de Venezuela.
Allí, recabaron testimonios “que destacan el rol que ejercen funcionarios de seguridad en la salida de las víctimas del país sin mayores obstáculos”.
De igual forma, afirma la existencia de altos niveles de impunidad en las instituciones, que impiden que estos casos se registren en medios de comunicación.
En el reportaje, presentan las estadísticas que lleva la ONG Mulier Venezuela. Esta organización contabilizó en su informe de 2022, 1.390 mujeres y niñas venezolanas rescatadas de esta actividad ilícita, comparado con 415 en 2021.
“La participación de los cuerpos de seguridad es clave sea por acción o por omisión”.
Estefanía Mendoza, coordinadora general de Mulier Venezuela a Insight Crime.
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¿Cómo actúan los funcionarios en la trata de personas?
Insight Crime además analiza la participación activa o en complicidad de los funcionarios inmersos en este delito.
“Los funcionarios que han participado en este delito se encargan, por ejemplo, de trasladar a las víctimas a estados fronterizos valiéndose de sus credenciales oficiales”, reseña el reportaje.
Además se mencionan casos puntuales de funcionarios que están procesados penalmente.
Como el caso del sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detenido el 1 de agosto. A él se le confirmó su participación en el traslado de tres adolescentes y una mujer, desde el estado Miranda, al estado Táchira. Esto, para luego ser llevadas a Perú donde serían explotadas sexualmente por una red de prostitución, según informó la Fiscalía.
También recuerdan el caso de un teniente de la GNB, en diciembre de 2022, detenido y judicializado por el delito de trata de personas en el estado Yaracuy. Señalado de presuntamente captar a tres adolescentes.
De igual forma, Insignht Crime afirma que la participación de funcionarios policiales y militares en las redes de trata de personas no se limita a Venezuela.
Por ello, menciona que recientemente en Colombia, dos policías fueron detenidos tras ser señalados como enlaces de una red trasnacional que explotaba sexualmente a jóvenes en Francia. Así como de “casos en otros países como Guatemala y Perú muestran que esta es una problemática regional”.
Con información de Insight Crime
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