La Cámara Federal ha ratificado la decisión de un juez y exigido al Gobierno de Milei un informe detallado sobre la cantidad de alimentos retenidos, así como su pronta distribución.
En un contexto de crisis alimentaria, la Sala II de la Cámara Federal en Argentina confirmó hoy la instrucción emitida previamente por un juez al Gobierno de Javier Milei para que rinda cuentas.
Esto sobre el acopio de una considerable cantidad de alimentos que aún no ha sido entregada a comedores populares o merenderos, solicitando un cronograma de distribución lo antes posible y especificando a quiénes serán destinados.
Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico reafirmaron la orden emitida por el juez federal Sebastián Casanello.
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Por ello pidieron al Ministerio de Capital Humano información sobre las 5.9 toneladas de alimentos almacenadas en Villa Martelli (Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán), incluidos productos próximos a su fecha de vencimiento.
Enfatizaron que el incumplimiento de esta resolución constituirá desobediencia a una orden judicial.
A pesar de la delicada situación alimentaria, la ministra del área, Sandra Pettovello, apeló la decisión de Casanello, trasladando el caso al análisis en Comodoro Py, la sede del poder judicial federal.
El escándalo relacionado con la retención de estos alimentos por parte del Gobierno de Milei salió a la luz a través de una investigación periodística.
Lo que llevó al activista social Juan Grabois a acusar a Capital Humano por detener provisiones esenciales en medio de una grave crisis alimentaria, señalando la violación del derecho a la alimentación de millones de personas.
Milei y la ministra Pettovello
En su recurso contra la sentencia de Casanello, Pettovello argumentó que dicha determinación representa una injerencia indebida del poder judicial en ámbitos que no le corresponden, sino que son competencia de otro poder del Estado.
Durante la audiencia para abordar la apelación, los jueces enfatizaron que no se discuten las políticas estatales sobre seguridad alimentaria, sino si existió alguna conducta ilícita por parte de funcionarios de Milei que haya agravado la situación crítica en la que se encuentran millones de argentinos.
Tanto Grabois como la secretaria legal de Capital Humano, Leila Gianni, estuvieron presentes en la audiencia y se vieron involucrados en un intercambio de insultos.
Lo que llevó a los jueces Irurzun, Farah y Boico a solicitar evaluaciones sobre sus comportamientos al Colegio Público de Abogados porteño y a Capital Humano.
En medio de este entorno, la ministra Pettovello ha buscado desviar la atención de los medios respecto a su actuación personal, responsabilizando a su amigo y exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, por lo sucedido, a quien luego denunció legalmente.
Además, ha señalado al Gobierno de Alberto Fernández por la adquisición de estos alimentos, insinuando posibles irregularidades en el proceso de compra.
Con información de Telesur
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