La Corte Penal Internacional (CPI) informó este lunes que cerrará la sede que mantenía en Caracas debido a la falta de avances sustanciales por parte de Venezuela en el cumplimiento del principio de complementariedad.
Este criterio establece que es el propio país el que debe investigar de forma efectiva los delitos atribuidos antes de la intervención del tribunal internacional.
Durante la apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte, el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang afirmó que, pese al diálogo constante con las autoridades venezolanas, no se han logrado resultados concretos.
Por esa razón y ante la necesidad de optimizar los recursos disponibles, la Fiscalía resolvió poner fin a la operación de la oficina que se creó en 2024 para cooperar con el Estado en las investigaciones.
La CPI cierra oficina en Caracas
Niang enfatizó que la clausura del despacho no implica la suspensión de las indagaciones. El proceso judicial sobre posibles crímenes de lesa humanidad seguirá su curso y continuará a cargo de un equipo de fiscales que trabajará desde la sede principal de la CPI en La Haya.
Desde el inicio, Caracas ha intentado frenar la intervención de la Corte argumentando que su propio sistema judicial está llevando adelante las investigaciones.
El Gobierno ha invocado el principio de complementariedad, que indica que la justicia internacional no sustituye la nacional salvo que esta última resulte insuficiente.
Sin embargo, la CPI ya había desestimado esos argumentos en 2023 al considerar que no existían garantías reales de investigación interna.
La decisión de cerrar la oficina representa un cambio en la relación bilateral entre la Corte y el Gobierno de Nicolás Maduro, después de meses de intercambio institucional sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos.
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En abril de 2024, el fiscal Karim Khan había presentado la instalación de la oficina como una oportunidad para reforzar la cooperación técnica y jurídica con el país.
La investigación sobre Venezuela fue abierta formalmente en 2018, tras la remisión del caso por varios Estados. Desde entonces, el Gobierno venezolano ha tratado de detener el proceso, pero la Corte decidió continuar las pesquisas por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos desde 2017.
Con información de Versión Final
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