Los miembros de la misión, que trabajará lunes y martes, llegaron al Palacio Presidencial en el histórico centro Lima, posaron para los periodistas, pero no realizaron declaraciones.
Una misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos inició el lunes en Lima su evaluación de la crisis política en Perú con una cita con el presidente Pedro Castillo, quien solicitó la visita del grupo por considerar que en el país está amenazada la institucionalidad.
La reunión con el mandatario peruano, investigado por la fiscalía de forma preliminar por presunta corrupción, es la primera de una serie de citas con otras instituciones que incluyen al Parlamento —de mayoría opositora—, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Los miembros de la misión, que trabajará lunes y martes, llegaron al Palacio Presidencial en el histórico centro Lima, posaron para los periodistas, pero no realizaron declaraciones. El grupo está conformado por los cancilleres de Argentina, Belice, Ecuador, Guatemala y Paraguay. También está integrado por los vicecancilleres de Colombia y Costa Rica y el excanciller de Paraguay.
“El objetivo de nuestra visita es uno solo: escuchar al Perú”, dijo el sábado en un video Eladio Loizaga, vocero de la misión y representante de la Secretaría General de la OEA. La misión no tomará ninguna decisión, únicamente emitirá un informe que presentará al Consejo Permanente, según indicó el organismo internacional en su sitio de internet.
La televisión estatal mostró imágenes en vivo de cómo la delegación ingresó al interior del palacio y fue recibida por Castillo. Luego se observó cómo la vicecanciller de Colombia, Laura Gil, cayó de rodillas al piso cuando caminaba junto al grupo en el Salón Dorado. Con la ayuda de algunos miembros se reincorporó y siguió su caminata.
Objetivo de la misión
Castillo solicitó la presencia de una misión por considerar que en Perú estaba amenazada la institucionalidad. Su gobierno expresó en una carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, su voluntad de establecer un proceso de diálogo con todos los actores en Perú para recuperar la “normalidad democrática”.
Castillo hizo la petición ante la OEA en octubre en medio del fuego cruzado con la fiscal general Patricia Benavides quien desde mediados de año lo investiga de forma preliminar en cinco casos, la mayoría por presuntos delitos de corrupción.
Los roces se encendieron a un nivel no antes visto en la política local luego de que la fiscal realizó ante el Parlamento una denuncia constitucional que recoge sus investigaciones previas. El gobierno respondió con otra denuncia constitucional contra la fiscal general por supuesta infracción a la constitución, abuso de autoridad y prevaricato.
Puedes leer: La decepción de la UE por acuerdo climático COP27
Castillo dijo en conferencia con la prensa internacional en octubre que la decisión de la fiscal general busca ejecutar “una nueva modalidad de golpe de Estado” para sacarlo del poder al cual llegó mediante elecciones libres y democráticas en 2021.
La fiscalía indicó posteriormente en una reunión informativa que posee “más de 190 elementos” que sustentan la denuncia contra el mandatario. La hipótesis fiscal afirma que Castillo lidera una organización criminal y habría cometido corrupción.
Castillo ha sobrevivido a dos intentos de destitución por parte de la oposición en el Congreso, otro poder del Estado con el que mantiene discordias frecuentes.
En Perú un presidente no puede ser juzgado durante su gobierno porque según la constitución eso sólo puede darse en caso de traición a la patria, disolución del Parlamento por casos diferentes a los permitidos, no convocar a elecciones o impedir el funcionamiento del Congreso o de los organismos electorales.