El fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó el domingo la detención de la activista Rocío San Miguel por su supuesta vinculación a una presunta “trama conspirativa”. La misma referida a un intento de “magnicidio” contra el presidente Nicolás Maduro.
En un mensaje de la red social X, el fiscal dijo que San Miguel enfrentaba una orden de aprehensión por el caso denominado “Brazalete Blanco”. Según señaló, buscaría “atentar contra la vida del jefe de Estado”, además de otros altos funcionarios, y atacar a unidades militares.
Saab no proporcionó evidencia que avale las acusaciones mencionadas. Indicó que se continúan recabando elementos en contra de personas relacionadas a los hechos denunciados, a quienes no identificó. Tampoco se refirió al lugar ni a las condiciones en que se encuentra San Miguel.
La abogada venezolana de 57 años es presidenta de la organización Control Ciudadano, especializada en la defensa de derechos, seguridad y fuerzas armadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió a ella y su hija medidas cautelares en 2012.
Sin paradero de Rocío San Miguel
San Miguel fue detenida el viernes en el aeropuerto de Maiquetía, Caracas. Acompañada de su hija “se disponía a salir del país por el asueto de carnavales”, indicó a The Associated Press Gonzalo Himob, director vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal.
“No se sabe hasta esta hora dónde está”, agregó Himob. Adelantó que recopilan información del caso.
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Organizaciones de defensa de los derechos humanos en Venezuela condenaron la detención de la activista. San Miguel es considera una de las figuras más representativas en la lucha por el respeto a dichos derechos en ese país.
El organismo activista Civilis Derechos Humanos condenó el hecho y calificó de “arbitraria” la detención de la activista. Asimismo, exigió “saber de su paradero” luego de que han transcurrido dos días en que no se sabe de ella, según reclamó en un mensaje en X.
Una foto de San Miguel con el mensaje “#DondeEstáRocío” circuló en la cuenta de la organización.
Por su parte, la organización no gubernamental Provea denunció el sábado que San Miguel “ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano”.
Según cifras del Foro Penal, una organización de carácter humanitario que brinda asistencia jurídica ante detenciones “arbitrarias” en Venezuela, hasta el 5 de febrero se contabilizaban 261 presos políticos, entre los cuales hay 18 mujeres y 146 militares, y 123 que no han sido declarados culpables.
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