Por unanimidad el Parlamento de Nicaragua cerró la Cruz Roja argumentando su apoyo a las protestas de 2018.
El Parlamento de Nicaragua, dominado por el gobernante partido Frente Sandinista, clausuró el miércoles la Cruz Roja Nicaragüense por considerar que atentó “contra la paz y la estabilidad” durante las protestas sociales de 2018, cuando miembros de esa entidad habrían atendido a civiles heridos.
Los diputados aprobaron por unanimidad (91 votos) y con trámite de urgencia la cancelación del decreto de creación de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, dictado en 1958, y en su lugar ordenaron crear una nueva institución adscrita al Ministerio de Salud y bajo “un modelo cristiano, socialista y solidario”, según detalló la resolución legislativa.
El mismo texto indicó que las protestas de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega “atentaron contra la paz y estabilidad de la nación” y en ese contexto “algunas filiales de esta Asociación (Cruz Roja Nicaragüense) y la asociación misma transgredió las leyes del país al desentenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales”.
Según organismos humanitarios, la revuelta social dejó 355 muertos y más de 2.000 heridos, en su mayoría manifestantes civiles baleados por policías y paramilitares, que eran evacuados en ambulancias y trasladados a hospitales privados desde las zonas de conflicto.
Nueva instancia
La iniciativa fue de los parlamentarios oficialistas Gustavo Porras, Edwin Castro, Alejandro Ferreti y Gladys Báez, entre otros. Los diputados también alegaron que la Cruz Roja “incumplió con sus deberes y obligaciones establecidas en la Ley Nº 1115”, que regula los organismos sin fines de lucro, según un informe emitido por el Ministerio de Gobernación.
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El Parlamento dispuso, además, la creación de “una nueva Cruz Roja Nicaragüense” de la que se “hará cargo” el Ministerio de Salud y que operará como “ente autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones”.
Asimismo, se ordenó que todo el patrimonio, bienes y acciones de la entidad clausurada pasen a manos del Estado.
La clausura de la institución benemérita se suma al cierre de más de 3.000 ONGs en los últimos cinco años; en su mayoría ilegalizadas desde inicios de 2022.