ONG solicitaron a Alto Comisionado de los Derechos Humanos para la ONU, pronunciarse sobre la ley aprobada por la AN.
A tres días desde que la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión un proyecto de ley que busca, según nombre, “fiscalizar y regularizar” a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y afines varias instituciones sin fines de lucro venezolanas se pronunciaron en contra de las pretensiones del Poder Legislativo.
Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, calificó el texto como uno “improvisado” e “ilegal”. “Este proyecto de ley se ha hecho de una forma improvisada con errores gramaticales y de redacción, lo que revela que el objetivo es la represión (…) El propio día de su aprobación en primera discusión, el proyecto cambió de nombre tres veces. La ley también habla de ‘afines’ sin definir cuáles son”, criticó.
Entre los cuestionamientos que hizo, señaló que el proyecto de ley es tan restrictivo que obliga a las ONG a actuar solo en la circunscripción en la que están registradas, algo que “inclusive habría hecho imposible hacer esta rueda de prensa”, recalcó.
Daniels cuestionó que el proyecto de ley deja en potestad del Estado el “añadir” a personas dentro de una organización, algo que dijo es incompatible con la labor de defensa de DD. HH. que realizan muchas de estas ONG.
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ONG Piden pronunciamiento del Alto Comisionado de la ONU
Por su parte, la coordinadora del Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, fue otra de las voceras en la rueda de prensa que ofrecieron las organizaciones.
La activista destacó que muchas de las ONG de Venezuela sostuvieron una reunión con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos para la ONU, Volker Turk, en la que le manifestaron su preocupación por la amenaza que esta ley significa para la sociedad civil.
“Nosotros le pedimos ayer, en una reunión que se tuvo con ONG y víctimas, que haga el más alto y enérgico pronunciamiento, tanto a título privado en reuniones con el Estado, como de forma pública en sus redes, pidiendo respeto al espacio asociativo”, dijo Rendón.
De igual forma, destacó que no se trata de solo una amenaza para las ONG, sino que esa es “solo la punta del iceberg” y que cualquier grupo de personas que se asocie en pro de una lucha reivindicativa podría verse afectada, más aún con el gobierno actual de Venezuela.
Finalmente, Rendón destacó que es el momento para que la sociedad civil de Venezuela se articule para hacer frente a lo que podría ser una amenaza muy seria para los derechos humanos en el país.
“Creo que es el momento de actuar, de elevar la voz, de que la gente conozca la ley (…) Es un momento en que las personas tienen que, frente a una ley que quiere cohibir la organización, hacer más redes, para hacer una incidencia organizada, junta y conjunta de la sociedad civil”, afirmó.
Con información de El Carabobeño