Este martes en Lima, Perú, dio inicio un proceso judicial contra el ex presidente Pedro Castillo, quien enfrenta acusaciones de presunto golpe de Estado a pesar de haber sido elegido por voto popular.
Castillo ha sido perseguido por el Gobierno encabezado por Dina Boluarte, acusado además de rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público.
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El abogado de Castillo, Walter Ayala, denunció un juicio injusto desde la presidencia de Dina Boluarte en diciembre de 2024, destacando la privación de derechos legales básicos, como acceso a su defensor.
Ayala argumenta que las acusaciones carecen de fundamento ya que Castillo no recurrió a la violencia, un elemento esencial para considerar el delito de rebelión.
Estas irregularidades se ven agravadas por campañas de desinformación promovidas por el gobierno de Boluarte.
Desde su arresto en 2022 hasta el juicio actual, se han presentado 65 pruebas documentales, se han escuchado 69 testigos y se han realizado pericias forenses contra Pedro Castillo.
Funcionarios estatales como Aníbal Torres y Betsi Chávez enfrentan acusaciones como coautores de rebelión, con una petición de 25 años de cárcel, al igual que miembros de la Policía Nacional.
Pedro Castillo y el proceso
Anahi Durand, ex Ministra de la Mujer durante el gobierno de Pedro Castillo, compartió estas denuncias en una entrevista con el corresponsal de teleSUR, Ramiro Angulo.
Durand critica la falta de oportunidad para que Castillo se defienda y cuestiona la motivación política detrás del juicio, argumentando que las acusaciones de rebelión no se ajustan al caso.
Durand también señala la persecución política desde el inicio del mandato de Castillo, incluyendo el rechazo del General del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a reconocerlo como presidente.
Destaca el apoyo de líderes como Xiomara Castro y Andrés Manuel López Obrador, pidiendo a la comunidad latinoamericana que se manifieste contra la injusta detención del ex presidente.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció el cierre del congreso y la formación de un gobierno de emergencia, posteriormente arrestado ilegalmente.
Cuando Boluarte asumió el cargo, se produjo un enfrentamiento entre el pueblo y las fuerzas de seguridad, resultando en la muerte de 47 personas.
Castillo ha negado las acusaciones de las autoridades judiciales peruanas.
Con información de Telesur
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