A solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad Domar Galvis Pérez (26) por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de dos niños de 8 y 11 años de edad.
Por este caso, también resultó imputada Mariela del Carmen González Molina (32); madre del niño mayor; por la presunta omisión de la respectiva denuncia.
El 5 de diciembre de 2023 el padre de una de las víctimas formuló la denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en San Cristóbal, estado Táchira.
De acuerdo con la investigación, durante el referido día el hombre padre del niño de ocho años denunció que su hijo había sido abusado sexualmente por Galvis Pérez. Este es un vecino que vive a tres casas de su domicilio.
En tal sentido, durante su declaración el progenitor del infante reveló que fue informado de ello por su esposa; quien lo llamó mientras trabajaba en Colombia. Al volver al país, se presentó ante funcionarios del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la localidad para que el niño sea evaluado.
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Doble abuso sexual
Según las investigaciones derivadas de las declaraciones del joven y su padre, se determinó los hechos habrían empezado entre agosto y septiembre de 2023. Galvis Pérez abusó de él y del otro niño en varias oportunidades. Incluso, en una de esas ocasiones le entregó dinero en efectivo.
Asimismo, se supo que la madre del otro niño estaba al tanto de la situación y no denunció lo ocurrido.
Luego de las declaraciones y evaluaciones médicas, se tramitaron al día siguiente las respectivas órdenes de aprehensión contra Galvis Pérez y González Molina. Funcionarios del Cicpc en Abejales los detuvieron y colocaron a disposición del Ministerio Público.
En la audiencia de presentación, la Fiscalía 16ª de Táchira imputó a Galvis Pérez por la presunta comisión de abuso sexual a niño. En perjuicio del niño de 8 años de edad. Además, también lo imputó por la presunta comisión del mismo tipo penal en detrimento del niño de 11 años. De igual modo, imputó a González Molina por la presunta omisión de denuncia.
Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 3º de Control en esa entidad andina dictó la referida privativa de libertad en contra del imputado y fijó su reclusión temporal a la sede del Cicpc en San Cristóbal.
Por su parte, la mencionada dependencia judicial otorgó una medida cautelar sustitutiva de privativa de libertad consistente en régimen de presentación cada 15 días; la prohibición de salida del país además de acudir a proceso terapéutico.
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