Las tasas de deserción alcanzan niveles muy altos y la crisis humanitaria compleja, agravada por la pandemia, ha dejado sin educación a más de un millón de niños y de jóvenes en edad escolar.
En Venezuela la educación es un derecho negado a grandes sectores de la población, que no tienen acceso a ella o reciben una educación de muy baja calidad. Tenemos bachilleres que no entienden un texto sencillo, son incapaces de expresarse en forma oral o por escrito con claridad, y no pueden resolver problemas matemáticos simples. La educación para los pobres es cada vez más una pobre educación, lo que contribuye a mantener o incluso aumentar la pobreza humana, social y económica de las mayorías.
Las tasas de deserción alcanzan niveles muy altos y la crisis humanitaria compleja, agravada por la pandemia, ha dejado sin educación a más de un millón de niños y de jóvenes en edad escolar. Nuestro sistema educativo reproduce y agiganta la desigualdad y la exclusión, y en la actualidad, la educación pública, en todos sus niveles, vive una situación lamentable, posiblemente la peor de las últimas décadas. Lo más trágico es que, después de tanto discurso igualitario y tanta prédica de incluir a los excluidos, las políticas sociales y económicas tan desacertadas han favorecido la educación privada, a la que sólo tienen acceso los privilegiados.
La profesión docente está minusvalorada. Los salarios de los educadores son muy precarios y no les alcanzan para sobrevivir dignamente. Miles de educadores han salido del país en busca de una mejor vida, y muchos de los que todavía continúan en Venezuela, se dedican a otras actividades para poder sobrevivir. Hay un gravísimo déficit de profesores y son muchos los liceos y universidades que no dan algunas materias por carecer de profesores. Ante esta situación, se está recurriendo a personas sin verdadera vocación, capacitación o formación, con la errónea idea de que cualquiera puede ser educador.
Es por ello urgente que trabajemos todos por un Acuerdo Educativo Nacional para que la educación se convierta en una auténtica prioridad del Estado y de la sociedad con políticas públicas consensuadas y permanentes, más allá de los intereses de cada gobierno. Si la educación es un derecho fundamental, es también un deber y una responsabilidad de todos y de todas. Para salvar la educación, requisito indispensable para salvar a Venezuela, debemos iniciar una especie de cruzada nacional en la que nos involucremos todos: Estado, familias, sociedad, medios de comunicación, empresas, partidos políticos, iglesias, organizaciones no gubernamentales…
Este acuerdo debe orientarse, entre otras cosas, a dignificar a los educadores con sueldos que les permitan una vida digna, ejercer su profesión con buen ánimo, y seguirse formando. A su vez, los educadores deben asumir su responsabilidad con ética y entrega, y concebirse no como meros dadores de clases, contenidos y programas, sino como promotores de aprendizaje y gestores de una nueva humanidad. Junto a esto, el Acuerdo Educativo debe trabajar para que los centros educativos sean lugares de aprendizaje, acogida y convivencia. Para ello, deben encontrarse en buen estado y contar con los servicios públicos indispensables; entre ellos, con los aparatos tecnológicos imprescindibles y buena conectividad a internet. Esta dotación tecnológica debe acompañarse de la debida formación pedagógica para que docentes y alumnos utilicen estas herramientas como instrumentos para un aprendizaje permanente, crítico y creativo, pues tecnología sin pedagogía sirve muy poco.
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